La modificación del Estatuto Marco del personal sanitario aprobada este martes por el Consejo de Ministros, la cual define las nuevas excepciones para contratar a interinos con el fin de reducir la temporalidad del sector, ha iniciado un nuevo conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en referencia a las competencias de cada uno en esta materia.
Algunas organizaciones sindicales, como CESM, creen que el anuncio de Pedro Sánchez de que el Gobierno estabilizará a 67.000 profesionales sanitarios es “propagandístico”. En esta línea, algunos consejerossanitarios han acusado al presidente del Gobierno de “apropiarse” de una medida que se está llevando a cabo de forma conjunta con las comunidades autónomas desde hace meses.
Algunas CC.AA. han acusado al presidente del Gobierno de “apropiarse” de una medida que se está negociando con las comunidades autónomas desde hace meses y que es una exigencia de la UE
Las autonomías ponen el foco en que la estabilización en el empleo sanitario es un asunto pendiente desde hace años y sobre el que laUniónEuropeahaalertado en varias ocasiones. De esta alerta sobre los altos índices de temporalidad en el sector sanitario, subrayan algunas comunidades consultadas por ConSalud.es, nace la Ley que impulsó a finales de 2021 el Gobierno para reducir la temporalidad en el empleo público.
Recientemente, la ComisiónEuropea se pronunció sobre el Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno para el 2022 en el que denunciaba las “difíciles” condiciones de trabajo del personal sanitario debido a que en España se recurría “cada vez más a los contratos temporales”. Así, reprochaban que el sector contaba en 2020 con un 41,9% de contratos de este tipo.
De igual modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apreció en un informe del impacto de la pandemia del Covid-19 en el sector sanitario que en España se estaba haciendo un “uso generalizado del empleo temporal” y que “la transición a puestos de trabajo permanente es baja”.
LAS CC.AA. RECLAMAN SU PAPEL
En el marco de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, todas las comunidadesautónomas han ido informando de cuántos puestos se van a estabilizar en el sector sanitario ya que tenían que detallarlo antes de junio y publicadas las convocatorias en sus respectivos boletines.
El texto final del RD-Ley que modifica el Estatuto Marco ha sido consensuado con las propias autonomías durante varios meses en distintas reuniones del Consejo Interterritorial
Sin embargo, el proceso se espera farragoso. Así lo expresaron recientemente a ConSalud.es desde CC.OO. y desde CESM. Sus responsables advertían que una vez publicadas las convocatorias por categorías, las comunidades tienen “un plazo de dos años hasta que se resuelvan”. Esto llevaría como mínimo a finales de 2024. No obstante, el sector médico advertía que el proceso puede “judicializarse en extremo” si las normas son confusas.
En esta línea, tanto organizaciones sindicales como comunidades autónomas creen que la modificación del Estatuto Marco del personal sanitario aprobada por el Gobierno es una simple “adaptacióntécnica” que está muy lejos de abordar en profundidad los problemas de temporalidad que afectan al sector sanitario.
Además, el texto final del Real Decreto-Ley que formaliza esta modificación normativa ha sido consensuado con las propias autonomías durante varios meses en distintas reuniones de la Comisión de Recursos Humanos del SNS y del ConsejoInterterritorial.
A LARGO PLAZO
De hecho, el propio RD-Ley incluye medidas que deberán ser tomadas por las comunidades autónomas, las competentes en materia sanitaria. Ellas serán “responsables” de su cumplimiento y “velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad”.
En caso de acometerse una anomalía, indica el texto, se exigirán “las responsabilidades que procedan”. Además, el incumplimiento del plazo máximo de permanencia se compensará con una compensación para el personal afectado, “equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio”.
A pesar de ello, la Comisión de Recursos Humanos iniciará un “proceso de negociación” en el plazo de tres meses desde que entre en vigor la ley para “la actualización de la presente norma estatutaria en el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogable”.