Lío de ministerios: Función Pública no quiere acabar con Muface... pero Sanidad insiste

El nuevo informe presentado por el Ministerio de Sanidad deja entrever su postura ante la continuidad de Muface, bastante contraria a la del departamento dirigido por Óscar López, que continúa trabajando para llegar a un acuerdo con las aseguradoras

Mónica García, Óscar López (Foto. Montaje)
Mónica García, Óscar López (Foto. Montaje)
Ander Azpiroz
19 noviembre 2024 | 12:00 h
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El informe presentado en el día de ayer por el Ministerio de Sanidad teoriza sobre el posible final de Muface, sin embargo, la única realidad confirmada hasta ahora es la descoordinación que existe entre los ministerios de Sanidad y Función Pública. Más concretamente, el documento presenta un análisis detallado sobre la situación actual y las posibles implicaciones de incorporar a esta cantidad de personas al sistema público ante la posibilidad de que no se consiga llegar a un acuerdo.

Aunque es cierto que el informe menciona la continuidad del modelo, rápidamente se descarta esta  idea porque supondría incrementar su oferta incluso muy por encima de la anterior, ya que las aseguradoras piden un incremento mayor al 40%. Una medida que según califican desde Sanidad sería “insuficiente” y no llevaría a ningún lado, por ello apuestan por la segunda opción, el traslado de los mutualistas al SNS.

Óscar López, ha reconocido la importancia de Muface, especialmente para aquellos empleados públicos que desean tener acceso a seguros privados, pero siempre defendiendo la compatibilidad con un sistema de salud pública universal

De esta manera, Sanidad señala como opción más viable la prórroga de nueve meses del concierto vigente, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, durante la cual se llevaría a cabo un proceso de internalización de la atención sanitaria de los mutualistas de Muface al SNS, lo que supondría el final de este modelo. Un planteamiento que parece estar influenciado por la línea que ha seguido la ministra desde su llegada al cargo,  defendido en múltiples ocasiones la reforma del sistema para que sea “más justo y equitativo”.

Por el contrario, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reconocido la importancia de Muface, especialmente para aquellos empleados públicos que desean tener acceso a seguros privados, pero siempre defendiendo la compatibilidad con un sistema de salud pública universal. De este modo, continúan trabajando para conseguir llegar a un acuerdo con las aseguradoras en un nuevo concurso.

A raíz de la publicación del informe ‘MUFACE: Del seguro privado al Sistema Nacional de Salud’, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró ayer en rueda de prensa que "las aseguradoras seleccionan a los pacientes más rentables y derivan al resto a la sanidad pública". Una acusación directa que fue desmentida al momento por la Fundación IDIS, "es falso y constituye una ofensa a la actuación de las entidades, ya que el único que elige dónde ser atendido es el propio usuario mutualista", advirtieron en un comunicado.

Otra de las figuras que se han pronunciado acerca del tema de Muface y la posibilidad del traslado de 1,5 millones de mutualistas ha sido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que asegura que el SNS tiene la capacidad para asumir a los empleados públicos que en la actualidad reciben asistencia en la sanidad privada, aunque advirtió que es necesario "reforzar" la sanidad pública con mayor financiación.

"Los indicadores asistenciales siguen empeorando, lo que evidencia que la solución no pasa únicamente por más financiación, sino por medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS"

Ante esta situación, la Fundación IDIS ha trasladado que "por mucho que se incrementen los recursos económicos, los indicadores asistenciales siguen empeorando, lo que evidencia que la solución no pasa únicamente por más financiación, sino por medidas estructurales que refuercen la capacidad del SNS".

Una idea que parecen compartir desde las comunidades autónomas, titulares de la competencia en Sanidad, que serían las más afectadas ante este posible escenario, y que ya se han pronunciado varias. En el caso de la Comunidad de Madrid, su consejera de Sanidad, Fátima Matute ha explicado que asumirían, según los cálculos que han realizado, aproximadamente 240.000 usuarios, que supondrían un gasto directo de 400 millones de euros, resaltando que “lo harían lo mejor que pudiesen", pero también critica la falta de planificación.  “Ahora dicen que en nueve meses quieren hacer una planificación para asumir a todos estos usuarios en nuestro sistema de salud, me gustaría ver esa memoria, no solo de cómo lo van a hacer, porque nunca tenemos nada”, subrayó.

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