El Gobierno ha aprobado este martes 11 de febrero en Consejo de Ministros, en primera vuelta, el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda , Pablo Bustinduy, para la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que "blinda el sistema de la dependencia" y se adapta a "las necesidades del siglo XXI".
Entre las medidas que repercuten al ámbito sanitario y de los pacientes, el ministerio establece con este anteproyecto un procedimiento de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, en la misma línea que la ley ELA, en caso de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica, factores que permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes.
Además, el servicio de ayuda a domicilio que estaba centrado en necesidades de cuidado personal y domésticas, se extiende a actuaciones en el entorno comunitario, pudiendo ampliarse a actividades como hacer la compra o ir al médico.
Según Bustinduy, la reforma de estas normativas es “ambiciosa” y "extraordinariamente positiva" para el cambio del modelo de cuidados, y ha asegurado que "va acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la financiación de la dependencia". Según ha precisado, en el año 2024 se alcanzaron los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado.
PRIMERAS REACCIONES AL ANTEPROYECTO
A la aprobación de este anteproyecto ya le han surgido las primeras reacciones. Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) denuncian que esta reforma se ha elaborado sin contar con la participación de los principales actores del sistema, lo que pone en riesgo la viabilidad de los servicios de atención a la dependencia. "Nos hemos enterado prácticamente cuando la reforma ya estaba decidida. Es inaceptable que se elabore un cambio normativo de esta envergadura sin consultar a quienes sostienen el sistema", ha afirmado Ignacio Fernández-Cid, presidente de la patronal, quien además ha alertado sobre la escasez de profesionales cualificados y el impacto negativo de la reducción de la jornada laboral en el sector.
"Es imprescindible mejorar la recogida de información y la evaluación de necesidades del colectivo para garantizar un acceso equitativo a los apoyos necesarios"
Por su parte, Autismo España considera necesaria una reforma que actualice la legislación y garantice un nuevo modelo de apoyos basado en la comunidad. Según datos de la organización, las personas con autismo están "preocupantemente infrarrepresentadas" en los sistemas oficiales de información sobre discapacidad y dependencia, lo que dificulta la asignación adecuada de recursos. "Es imprescindible mejorar la recogida de información y la evaluación de necesidades del colectivo para garantizar un acceso equitativo a los apoyos necesarios", han señalado desde la entidad.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es su apuesta por la desinstitucionalización, promoviendo la permanencia de las personas dependientes en su hogar. La FED critica que esta medida "demoniza el sector residencial" y no atiende a la realidad de la atención a la dependencia en España. "Un dependiente de grado 3 recibe de media solo 57 horas de ayuda domiciliaria al mes, claramente insuficientes", ha subrayado Fernández-Cid, quien ha exigido que se garantice la libertad de elección de los dependientes y sus familias.
Autismo España, en cambio, aboga por una reorientación de las políticas públicas para garantizar el derecho a la autonomía personal y la vida independiente de las personas con autismo. Entre sus demandas se incluyen la mejora de la asistencia personal, la promoción de la accesibilidad y la necesidad de una evaluación continua de las políticas públicas para asegurar su eficacia. "Es fundamental que la reforma tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con autismo y se diseñen servicios y recursos adecuados para ellas", concluye la organización.