El 2021 sigue estando marcado por la pandemia de Covid-19 y, como muestra, la situación derivada de la transmisión de la variante ómicron en España. Pese a ello, la política sanitaria ha tratado de continuar dando respuestas al resto de áreas que han quedado a un lado debido a la urgencia del coronavirus. En materia legislativa, ha sido el año en el que se han intentado dar pasos en este sentido.
En marzo, el Congreso de los Diputados dio el ‘sí’ definitivo al Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, conocido como el decreto de la 'nueva normalidad’. Un año después del inicio de la transmisión en España, se aprobó una ley para tratar de controlar la pandemia mientras durase la emergencia sanitaria.
La Ley de nueva normalidad reforzaba el uso de mascarillas en exteriores e instaba a las CC.AA. a garantizar un "número suficiente" de sanitarios
Las principales medidas que recogían la norma eran el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y cualquier espacio cerrado de uso público o que esté abierto al público”. En el caso de sitios en el exterior, es obligatorio mientras no se pueda mantener la distancia de seguridad.
Además, se reclamaba un stock suficiente de medicamentos esenciales a fabricantes y titulares de autorizaciones de comercialización. Igualmente, en materia de recursos humanos, las comunidades autónomas debían garantizar “un númerosuficientedeprofesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención de casos y la vigilancia epidemiológica”.
LEYES DE EUTANASIA Y EQUIDAD
También en marzo, España se convirtió en el sexto país del mundo en regular la eutanasia como nuevo derecho. Después de un año de tramitación parlamentaria, se dio la aprobación definitiva a un texto que de forma oficial entró en vigor en el mes de junio. Hasta entonces, las comunidades autónomas tuvieron tres meses para crear sus respectivas comisiones de garantía.
Desde entonces, la ley ha sido objeto de polémica ya que en algunas autonomías se ha tardado en poner en marcha los mecanismos previstos. Además, ha habido casos que no se han podido tramitar debido a que los médicos han ejercido su derecho a la objecióndeconciencia. A pesar de ello, las autonomías han informado de unos 40-50 casos que sí han podido aprobarse.
Con la Ley de Equidad, Sanidad trata de blindar al SNS frente a nuevos copagos e incorporar la participación de los pacientes, entre otras medidas
Más reciente ha sido la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de Ley de medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, norma que ha iniciado ahora su tramitación parlamentaria.
Esta propuesta del Ministerio de Sanidad plantea blindar la gestión pública de los servicios sanitarios, derogando así la Ley de 1997 del Gobierno de Aznar. Además, se prevé ampliar el acceso universal al SNS a nuevos colectivos, anteriormente perjudicados, volver a la cartera única de servicios y blindar al sistema de nuevos copagos, así como incorporar la participación de los pacientes.
Estas mejoras, sin embargo, no han gustado del todo al socio de Gobierno del PSOE. Desde UnidasPodemos aseguran que registrarán enmiendas al considerar que deja “intacto” el marco que permite privatizar. Por su parte, desde el sector sanitario privado señalan que “no aceptar el papel de la privada es dar la espalda a la realidad”.