Muface, enturbia el primer año de Mónica García en el Ministerio de Sanidad

La responsable de Sanidad celebra un año al frente de la cartera ante la incertidumbre que supone la renovación del concierto sanitario que asiste a 1,5 millones de funcionarios

La ministra de Sanidad, Mónica García. (CS)
La ministra de Sanidad, Mónica García. (CS)
Javier Leunda, redactor ConSalud.es
21 noviembre 2024 | 07:00 h
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El aniversario de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad coincide con la grave y polémica crisis del modelo Muface. Un asunto que está marcando la agenda sanitaria de nuestro país durante las últimas semanas y de cuyo desenlace depende la cobertura asistencial de alrededor de millón y medio de funcionarios públicos. La responsabilidad última de poder renovar este concierto con las mutualidades corresponde al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que se encuentra en plena contraoferta para seducir a las aseguradoras en la línea de sostener Muface.

En este contexto, la ministra de Sanidad se ha mostrado muy activa sobre este asunto y ha tomado posiciones ante la posibilidad de tener que adherir a este colectivo funcionarial al Sistema Nacional de Salud. Este mismo lunes su Ministerio dio a conocer el informe ‘MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud’, en el que se analiza el impacto que supondría para la sanidad pública la incorporación de las personas mutualistas de Muface que actualmente escogen ser atendidas en la sanidad privada.

 Ningún otro sector del Gobierno ha mostrado apoyo alguno a los planteamientos de la ministra y las opiniones que advierten del riesgo de que supondría para la sanidad pública no han parado de multiplicarse

Entre las conclusiones del documento refiere que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública es una opción tanto viable como razonable. Asimismo, asegura que, basándose en el envejecimiento de los asegurados, el modelo Muface en la actualidad “no es sostenible”, ni siquiera con un aumento importante de capital. Una sostenibilidad que, paradójicamente, consideran desde Sanidad que sí podría aportarle su integración en un sistema público que viene mostrando peligrosas carencias de recursos -humanos y materiales-, sobrecarga en los centros de atención y largas listas de espera para los pacientes.

Tal vez por ello, ningún otro sector del Gobierno ha mostrado apoyo alguno a los planteamientos de la ministra, y las opiniones que advierten del riesgo que supondría para la sanidad pública no han parado de multiplicarse. Desde la oposición, el Partido Popular sostiene que el actual modelo asistencial para este colectivo de empleados públicos lleva funcionando bien durante los últimos 50 años, hasta que la ministra se ha "empeñado en desmantelarlo". Asimismo, el PP alerta de las negativas consecuencias que trasladaría a los sistemas de salud autonómicos, denunciando que el objetivo de García es "generar problemas y tensionar" la sanidad en todas las CC.AA. que no gobierna.

Estas personas desean poder seguir manteniendo su derecho a disponer de esta atención privada, que nunca ha supuesto ninguna merma en su posibilidad de acudir también a la sanidad pública

También el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha hecho llegar su rechazo a las conclusiones desprendidas por el informe publicado por el Ministerio de Sanidad, al tiempo que ha manifestado su preocupación por la "ideologización" de este documento y los riesgos que conllevaría para los pacientes "una transición masiva de usuarios mutualistas desde el sistema privado al sistema público". En la misma línea, los propios sindicatos de funcionarios tampoco salen de sua asombro, amenazando incluso con una huelga en la función pública si nos se da "una respuesta adecuada" al sostenimiento de Muface. "Es un plan que llevaba en su programa Sumar desde el principio", denuncia CSIF.

De hecho, la línea de trabajo del Gobierno central pasa por asegurar a toda costa la renovación del concierto, para lo que han lanzado una consulta a todas las aseguradoras con el fin de afinar la nueva oferta a sus demandas. 

Una convicción que parece chocar de bruces con las intenciones que maneja el Gobierno al que pertenece y con la propia voluntad de los mutualistas concernidos en este proceso

En este contexto de presión por todos los frentes, Mónica García no se ha movido un ápice de su postura inicial y de las conclusiones trasladadas en el informe de Sanidad. Este martes aseguraba en el Senado que, más allá de la negociación abierta por parte del departamento de Oscar López para salvar el modelo de Muface -algo que queda fuera de su competencias-, como ministra y como profesional de la sanidad pública, considera “honrada y orgullosamente” que “no hay mejor atención sanitaria que la que se presta en la sanidad pública".

Una convicción que parece chocar de bruces con las intenciones que maneja el Gobierno al que pertenece y con la propia voluntad de los mutualistas concernidos en este proceso. Estas personas desean poder seguir manteniendo su derecho a disponer de esta atención privada, que nunca ha supuesto ninguna merma en su posibilidad de acudir también a la sanidad pública. Por lo que, la caída de Muface resultaría también para dichos funcionarios la reducción en sus vías de acceso a una mejor y más completa atención para su salud.

Una posición de prudencia que sí vienen sosteniendo las diferentes CC.AA., conscientes de que serán ellas las que, en último término, tendrían que asimilar un aumento asistencial en sus suficientemente sobrecargados servicios de salud

De esta manera, en su primer cumpleaños al frente de la cartera de Sanidad, Mónica García ha querido entrar de lleno en una esfera que, por el momento, queda fuera de su competencia; desdeñando la opción de observar desde la barrera y delegar plenamente en manos del Ministerio de Función Pública. Una posición de prudencia que sí vienen sosteniendo las diferentes CC.AA., conscientes de que serán ellas las que, en último término, tendrían que asimilar un aumento asistencial en sus suficientemente sobrecargados servicios de salud.

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