Este martes se ha confirmado la decisión de Adeslas, Asisa y DKV de no presentarse a la licitación del concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios públicos en el ámbito de Muface, tal y como han trasladado las tres aseguradoras a través de sendos comunicados. Esta misma mañana expiraba el plazo marcado por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública para dar respuesta a la adhesión al nuevo convenio de Muface para estos dos próximos años. Lo que deja ahora en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios.
Todo arranca el pasado 8 de octubre, cuando el Gobierno sacó a licitación pública el nuevo concierto de las tres mutualidades para el periodo 2025-2026, con una subida final en la prima del 17,12% en dos años. Sin embargo, este aumento económico se situó todavía lejos de las aspiraciones de las tres entidades, que reclamaban a la Administración un incremento de la prima de entre un 30% y un 40%. Un extremo que finalmente no se ha producido y que ha llevado al rechazo final de las tres aseguradoras.
"La falta de una financiación adecuada, unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las del propio Sistema Nacional de Salud y la decisión del resto de entidades de abandonar hacen imposible mantener la adhesión"
Paralelamente, cabe destacar que Adeslas y Asisa sí han dado luz verde a presentarse a los concursos de prestación de asistencia sanitaria convocados por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios y por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares. Aunque no es el caso de DKV, aseguradora que también se mantendrá ajena a ambas convocatorias.
TRÉBOL DE RECHAZOS
En este sentido, Adeslas ha trasladado que acudirá a los otros dos convenios tras valorar "las características específicas que presentan sus respectivos colectivos de cara a garantizar la sostenibilidad del aseguramiento sanitario en función de las condiciones ofertadas en estos concursos". En ambos casos, apuntan, los parámetros asociados a las tendencias de demanda sanitaria permiten “un equilibrio” entre la oferta de financiación realizada por la Administración y los costes sanitarios esperados, a diferencia de las condiciones del concierto de Muface.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) sirve para garantiza la cobertura de salud a todos profesores de la educación pública, fuerzas de seguridad del estado y demás funcionarios de la Administración Civil
Por su parte, Asisa señala que "la falta de una financiación adecuada, unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las del propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y la decisión del resto de entidades de abandonar el servicio a esta mutualidad hacen imposible mantener la adhesión al modelo sin poner en serio riesgo la solvencia de la compañía". Igualmente, instan a la Administración a "replantear las condiciones” y explorar “soluciones alternativas” para mantener un modelo que es “ejemplo de colaboración público-privada”.
En la misma línea, DKV ha incidido en que, tras analizar la propuesta gubernamental, “por primera vez desde la creación de las mutualidades”, la compañía no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas. La entidad argumenta que, después de acumular en el último concierto unas pérdidas -antes de impuestos- de “aproximadamente 70 millones de euros", adherirse al nuevo concierto en estos términos implicaría tener que imputar “74 millones adicionales” a las pérdidas estimadas.
¿QUÉ SUPONE ESTO?
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) sirve para garantiza la cobertura de salud a todos profesores de la educación pública, fuerzas de seguridad del estado y demás funcionarios de la Administración Civil. Hasta la extinción del presente concierto, todos los beneficiarios cubiertos por Muface podían decidir cada año entre recibir asistencia sanitaria de una aseguradora privada o por parte de la sanidad pública. Llevando a que un 72% de los interesados optase por la sanidad concertada.
De no alcanzarse un acuerdo definitivo para gestionar el concierto de Muface, alrededor de un millón y medio de funcionarios y familiares se verán obligados a acudir al sistema público de salud
En este punto, de no alcanzarse un acuerdo definitivo para gestionar el concierto de Muface, algo que preocupa también a los sindicatos, alrededor de un millón y medio de funcionarios y familiares se verán obligados a acudir al sistema público de salud ante cualquier incidencia. Una circunstancia que no haría más que complicar sobremanera la actual sobrecarga asistencial con la que han de lidiar los gestores de las Comunidades Autónomas, que ahora veían aliviada gracias a las mutualidades.
La Fundación IDIS publicó recientemente el informe Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario, en el que recogen diferentes escenarios posibles ante la falta de acuerdo en Muface. En el mismo, se habla de un trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública, que se incrementarían un 2% las visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas); un aumento global en la presión asistencial; el posible colapso de las regiones con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla y León o La Rioja. Asimismo, IDIS ha instado a la Administración a reconsiderar las condiciones de la licitación.
NUEVA LICITACIÓN Y ESTUDIO DE IMPACTO
Es la primera vez que un concierto de este calado queda desierto a escasos dos meses de su entrada en funcionamiento. Por ello, desde el Ministerio de Función Pública, encabezado por Óscar López, han tranquilizado al colectivo de afectados, alegando que disponen de fórmulas legales para asegurar las prestaciones de salud a los beneficiarios en las mismas condiciones que venían dándose hasta ahora. Asimismo, el Ministerio de Sanidad prepara un estudio del impacto que tendría la extinción definitiva del concierto de Muface. Por su parte, el Gobierno ya prepara una nueva licitación que, es de esperar, mejore los actuales parámetros ofrecidos al trío asegurador.