En unas semanas en las que más se han extremado las diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos, ha sido una cuestión relacionada con el ámbito sanitario lo que más ha unido a estas formaciones: el nuevo decreto de catalán aprobado por la Mesa Sectorial del Servicio de Salud en Baleares.
Cabe señalar que este proyecto de decreto fijará el requisito del nivel B1 de catalán para médicos y enfermeros y el A2 para auxiliares de enfermería y celadores. No obstante, estos profesionales tendrán un plazo de dos años para acreditar estos idiomas una vez hayan obtenido su plaza en una oferta de empleo público. En el caso de que no lo hagan, no perderán su plaza. No obstante, sí será necesario para acceder a la carrera profesional y para procesos de movilidad interna.
La ministra de Sanidad ha calificado de "dantesco" el decreto el Gobierno balear; mientras, Villegas se propone que "ninguna legislación autonómica introduzca el conocimiento de las lenguas como una barrera"
Sobre este aspecto, una de las primeras voces discordantes que han salido a la luz ha sido la de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quien ha calificado de “dantesco” este futuro decreto al tiempo que ha animado al Gobierno de las Islas Baleares a que lo “retire” ya que entiende que son los pacientes y profesionales los que “pierden” con esta medida.
PROYECTO DE LEY DE CIUDADANOS
Por su parte, Ciudadanos ha ido más allá ya que en esta semana va a presentar una proposición de ley en el Congreso cuyo objetivo es “que el reconocimiento de las lenguas cooficiales sea un mérito y no un requisito para poder acceder a la función pública”. Así lo ha avanzado el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, iniciativa que también ha sido respaldada por Francisco Igea, portavoz sanitario de Ciudadanos en el Congreso.
Esta iniciativa plantea la modificación de la ley del estatuto básico del empleado público, incluyendo una “cláusula antidiscriminación” con el fin de “evitar que ninguna legislación autonómica pudiera introducir el conocimiento de las lenguas como una barrera”. Así Villegas ha defendido que el mérito “debe ser proporcional a las necesidades de cada territorio y a las características de cada uno de los puestos de trabajo, pero nunca un requisito legal”.