María Jesús Montero repite como ministra de Hacienda en el nuevo Gobierno de coalición. Tras tomar posesión de su cargo, junto al resto miembros del Ejecutivo, la política andaluza tiene una de las máximas responsabilidades de la política española para la próxima legislatura: la actualización del sistema de financiación autonómica.
Acuñado en 2009 y pendiente de renovación desde 2014, este modelo financiero de las comunidades autónomas se ha convertido en una de las principales batallas entre territorios y partidos políticos. Los presidentes autonómicos han expresado repetidamente la necesidad de dibujar uno nuevo para garantizar la prestación de los servicios públicos, principalmente la sanidad, la educación y los servicios sociales, y la equidad en el acceso a los mismos, independientemente del territorio.
Los presidentes autonómicos piden con "urgencia" al Gobierno que se blinde el derecho de los ciudadanos de recibir los mismos servicios públicos en el conjunto del país
Por esto motivo, la mayoría de líderes regionales han reclamado, por una parte a Pedro Sánchez, la necesidad de convocar la Conferencia de Presidentes, reunión que no se celebra desde 2017. En esta última cita ya se habló de la sostenibilidad del Estado de Bienestar y de la reforma del sistema de financiación, aunque la inestabilidad política de los últimos años han impedido que dicha actualización se lleve a cabo.
Por otra parte, otros dirigentes autonómicos han exigido a María Jesús Montero la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde comenzará a debatirse la reforma de la financiación autonómica con los consejeros. Desde todos los partidos políticos, le han trasladado la urgencia de blindar el “derecho de recibir los mismos servicios en todo el país”.
A LA ESPERA DE LOS PGE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Así, a la ministra de Hacienda le corresponde “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico”.
Montero deberá ajustar las pretensiones de cada ministerio, cumplir con lo pactado entre PSOE y Unidas Podemos y lograr los apoyos suficientes en el Congreso para que los PGE salgan adelante
En este sentido, Montero será una de las principales protagonistas del nuevo Gobierno de coalición en la tarea de diseñar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2020. La titular de Hacienda deberá ajustar las pretensiones de cada ministerio, entre ellas las políticas sanitarias, cumplir con lo pactado entre PSOE y Unidas Podemos y lograr los apoyos suficientes en el Congreso para que las cuentas salgan adelante.
Cabe recordar que hace justo un año el Gobierno proyectó 4.292 millones de euros en materia sanitaria, un 0,9 % más que en 2018. Sin embargo, estos PGE fueron rechazados por la mayoría de la oposición, lo que provocó la disolución de las Cortes y el adelanto de la convocatoria electoral.