Casi dos semanas después de que se cerrase el plazo para presentarse a la licitación del concierto sanitario de Muface y que no acudiese ninguna aseguradora, su futuro continúa a la deriva. Desde el Ministerio de Sanidad se han pronunciado hoy sobre el tema con un informe, al que ha tenido acceso ConSalud, en el que fijan como fecha definitiva para el fin de Muface el 1 de enero, tras ello, dedicarían nueve meses para la inclusión de todos los mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS).
En este sentido, el informe presenta un análisis detallado sobre la situación actual y las posibles implicaciones de incorporar a esta cantidad de personas al sistema público ante la posibilidad de que no se consiga llegar a un acuerdo. Desde el Ministerio de Sanidad explican que “Muface surgió en un momento en el que el SNS era un embrión de lo que es en la actualidad” y donde aún no se había desarrollado el sistema de provisión pública actual, que tiene la capacidad para dar respuesta a la totalidad de la población española.
Con el objetivo de demostrar que es una opción real el paso de la privada a la pública de todos estos mutualistas, el ministerio recuerda que existen antecedentes de incorporaciones importantes de personas a la sanidad pública derivada de cambios en el modelo de aseguramiento. Como en 1983, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó de forma obligatoria a 400.000 autónomos a la cobertura del INSALUD y, en 1989, se integraron en torno a 250.000 personas que estaban acogidas al padrón de beneficencia.
“Muface surgió en un momento en el que el SNS era un embrión de lo que es en la actualidad”
Otra de las razones que señalan desde el departamento liderado por Mónica García para cambiar el modelo actual es el envejecimiento de la población y la edad media de los mutualistas, que ha aumentado en 3,7 años en la última década. “Esto hace prever que en el caso de continuar el modelo actual de provisión de servicios, los incrementos de cápita que tendrían que producirse a futuro serían de una cuantía importante, al no existir una distribución etaria y, probablemente, de consumo de recursos sanitarios, que permita la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo”, indican en el documento.
Además, el informe de Sanidad se centra en la evaluación del estado de salud de los mutualistas que actualmente reciben atención a través de aseguradoras privadas. En base a seis indicadores fundamentales, analizan la prevalencia de diferentes enfermedades en esta población, tanto en términos generales como desglosados por grupos de edad. A pesar de que existan algunas diferencias, los resultados muestran que no son relevantes, y que, su estado de salud en términos de carga de enfermedad es comparable a la de la población atendida por el SNS.
Ante este panorama, el Ministerio de Sanidad presenta diferentes alternativas para abordar el problema actual de Muface. En primer lugar, mencionan la continuación del modelo, que implicaría incrementar la oferta de conciertos de las aseguradoras privadas superando las condiciones previas. Sin embargo, según indican en el informe, esta podría ser insuficiente, partiendo de la idea de que demandan un aumento superior al 40%.
Por lo tanto, ante las dudas que presenta la opción anterior, señalan directamente a la prórroga de nueve meses del concierto vigente, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, durante la cual se llevaría a cabo un proceso de internalización de la atención sanitaria de los mutualistas de MUFACE al SNS. Según indican desde el ministerio, este proceso podría realizarse de manera gradual, considerando factores como la letra inicial del apellido, la edad y la aseguradora, y se adaptaría a las particularidades de cada Comunidad Autónoma.
“Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de los mutualistas de Muface se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”
Además, explican que elaborarían un plan de transición que garantice que los pacientes con enfermedades crónicas complejas puedan recibir atención en sus centros hospitalarios de referencia sin pasar por los procedimientos habituales de consulta; un plan de transferencia de información clínica para asegurar la continuidad de la atención; y que la financiación destinada a la atención sanitaria de los mutualistas de Muface se transferiría a las Comunidades Autónomas de manera capitativa, con un enfoque específico durante los primeros tres años, que se traduce 2.681 millones de euros que asigna el Estado a estos conciertos.
En definitiva, el Ministerio de Sanidad ha redactado este informe en un momento que, por primera vez en muchos años, “la posibilidad de incorporar a la población mutualista de Muface al SNS se presenta como una opción viable y razonable”, destacan. Un proceso que, evidentemente, son conscientes de que debe llevarse a cabo de manera cuidadosa, priorizando la continuidad en la atención, la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente.
Además, hacen especial hincapié en la aportación financiera como clave para el buen funcionamiento del nuevo sistema. “Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de Muface que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización de la provisión de dicha asistencia, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”, concluyen.