La pandemia del Covid-19 centró los esfuerzos de las autoridades sanitarias en afrontar las consecuencias derivadas de esta crisis sanitaria mundial. Sin embargo, pausó muchas de los proyectos que las instituciones nacionales y autonómicas tenían diseñadas en el ámbito de la sanidad. Igualmente, quitó el foco sobre otras políticas, como la reducción de copagos, en la que España estaba trabajando.
Ahora, tras pasar lo peor de la crisis del coronavirus, está volviendo al epicentro político la aprobación de ayudas para proteger a los más vulnerables de los copagos sanitarios. A nivel estatal, recientemente se han impulsado dos actuaciones importantes: la próxima modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y la Ley de Equidad.
Sanidad contempla un modelo “más justo y garante de la equidad en el acceso a los medicamentos que las personas necesitan y les son prescritos en el SNS”
Con respecto a la primera actuación, recientemente el Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite de consulta pública previa para cambiar la Ley del Medicamento. Sobre ella, ha detallado su voluntad de modificar el sistema de aportación farmacéutica “para alcanzar una mejor redistribución de la carga económica derivada del copago en función del nivel socioeconómico de la ciudadanía”.
Con ello, pretenden que se avance hacia un modelo “más justo y garante de la equidad en el acceso a los medicamentos que las personas necesitan y les son prescritos en el SNS”. De este modo, se prestará “especial atención a los colectivos más vulnerables”. En este sentido, nuevos tramos a los ya establecidos y que diferencian la aportación del ciudadanos en función del nivel de renta, la edad o el grado de la enfermedad.
Por otro lado, la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, recientemente aprobada en Consejo de Ministros, contempla la recuperación de la cartera común única de servicios, lo que “cierra la puerta a nuevos copagos”. Además, amplía la excepción del copago ortoprotésico a colectivos vulnerables como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, personas con discapacidad o pensionistas con rentas bajas.
DESDE 2012 HASTA AHORA
La propuesta del Gobierno actual es actuar para que, como apuntó Carolina Darias, “no se puedan repetir situaciones del pasado”. Así se refería a los copagos que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy cuando en plena crisis económica aumentaron el porcentaje que los ciudadanos debían pagar por recoger sus medicamentos en la farmacia, para acudir en ambulancia al hospital o para usar productos ortopédicos. Desde aquel 2012, la situación se ha ido revertiendo aunque muy lentamente.
El RDL 16/2012 acabó con la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas y dividió la cartera común de prestaciones del SNS en tres
Fue Ana Mato, por entonces responsable del área sanitaria, quien llevó al Consejo Interterritorial su propuesta para reformar el sistema de copagos, el polémico Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Pocos meses después, en julio de 2012, entró en vigor.
La norma acababa con la gratuidad de los fármacos para pensionistas. Como regla general, debían pagar el 10% de los tratamientos. Sin embargo, había excepciones. A quienes cobraban las pensiones más bajas, las no contributivas, no se les aplicaba. Además, los mayores con ingresos inferiores a 18.000 euros, tenían un límite de gasto de 8 euros al mes. Estas aportaciones subían según el nivel de renta de cada persona y se situaban entre un 40% y un 60% entre los activos.
Por otra parte, el RD 16/2012 también supuso la división de la cartera de prestaciones del SNS, hasta ese momento unificada. Por una parte se estableció la cartera básica asistencial, es decir, los servicios que debían ser gratis en todas las comunidades autónomas. Además, se fijó la cartera suplementaria y la accesoria, las cuáles sí tenían copago. Ahora, con la Ley de Equidad, Darias pretende unificarlas “para que no puedan introducirse nuevos copagos” y los servicios se presten “de manera homogénea”.
REBELIÓN DE ALGUNAS CC.AA.
Pese a que el Gobierno de Rajoy introdujo esta medida para “ahorrar” un dinero al sistema, numerosas sociedades científicas se posicionaron en contra. Como ejemplo, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, puesto que el copago también se estableció para los medicamentos que eran dispensados en los servicios de farmacia de los hospitales. También el Consejo de Estado cuestionó el copago del transporte sanitario.
Desde el 2012, varias han sido las comunidades autónomas que han aprobado ayudas de compensación para pensionistas, desempleados o personas con pocos recursos
Del mismo modo, esta norma se encontró con un frente autonómico que decidió no aplicar todas las medidas que incluía. En los años posteriores, varias comunidades autónomas convocaron ayudas para hacer frente al copago farmacéutico en beneficio de pensionistas, desempleados y personas con menos recursos. Así se hizo en regiones como el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Navarra.
En posteriores gobiernos del PP, ya se empezó a vislumbrar una revisión del modelo, aunque esta no se llegó a ejecutar. El exministro Alfonso Alonso afirmó que “no tiene mucho sentido ya”, refiriéndose al pago de medicamentos de dispensación hospitalaria. Igualmente, el exsecretario José Javier Castrodeza reconoció que había que “darle una vuelta” al modelo. En su lugar, Dolors Montserrat planteó introducir nuevos tramos, algo que tampoco se llevó a cabo.
CAMBIOS CON LOS GOBIERNOS DE SÁNCHEZ
Una vez pasado lo peor de la crisis económico, crecían las voces que pedían una revisión del sistema de prestación farmacéutica. Según los resultados del barómetro sanitario del 2017, un 32,6% de los españoles pedían que se contemplasen “más tramos” y un 29,4% reclamaban “volver al sistema anterior”. Además, el 88,6% afirmaba que no había dejado de tomar medicamentos por motivos económicos y solo un 4,7% sí reconocía haber tenido problemas.
Carmen Montón y María Luisa Carcedo, exministras de Sanidad, propusieron su reversión progresiva pero los cambios de Gobierno y las repeticiones electorales lo truncaron
Posteriormente, se fraguó el cambio de Gobierno tras aprobarse la moción de censura presentada por Pedro Sánchez (PSOE) contra Mariano Rajoy. En ese primer gobierno socialista, la por entonces ministra Carmen Montón confirmó sus intenciones de poner fin al copago farmacéutico. De hecho, se marcó como objetivo eliminarlo durante su legislatura.
Para lograr apoyos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2019, el PSOE negoció con Unidas Podemos esta medida. El acuerdo planteaba un fin progresivo del copago, comenzando por las personas más vulnerables. Sin embargo, tanto el nombramiento de María Luisa Carcedo como ministra tras la dimisión de Montón y la posterior repetición electoral tras no aprobarse los PGE truncaron los avances.
PRIMEROS BENEFICIADOS, EN 2020
Hasta principios de 2020 no se conformó el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El pacto que unían a ambas formaciones recogía la “eliminación progresiva” de los copagos introducidos en 2012, “empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”. Además, propusieron establecer “garantías para que no puedan introducirse otros nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos”.
En 2021, menores de edad con discapacidad, perceptores de prestación por hijo o menor a cargo y pensionistas con rentas bajas quedaron exentos; con la nueva Ley se limitará la introducción de nuevos copagos
Pese a que la pandemia de Covid-19 centró las actuaciones del Gobierno en meses posteriores, sí que se produjeron los primeros avances. El por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital quedarían exentos de abonar cualquier cantidad para recoger los medicamentos que necesiten.
Posteriormente, en los PGE para 2021 se incluyeron tres nuevos colectivos: menores de edad con grado de discapacidad igual o superior al 33%; perceptores de prestación económica por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción; y pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros, o a 11.200 euros en caso de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF.
Recientemente, con la mencionada Ley de Equidad, se espera avanzar en algunas medidas como en la homogeneización de los colectivos exentos del copago farmacéutico con los del copago ortoprotésico.