La operación iniciada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social relativa a desfinanciar por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS) los SYSADOA, fármacos de acción sintomática lenta concebidos para el tratamiento de la artrosis, cuenta con un nuevo capítulo en su particular serie. Y en él se ha producido un singular desprecio a los pacientes que padecen esta enfermedad y que consumen estos fármacos.
A raíz de la publicación sobre la exclusión de la financiación pública de estos medicamentos, adelantada en exclusiva por ConSalud.es, las personas afectadas por dicha dolencia han visto acrecentada su preocupación, motivo que les ha llevado a solicitar una audiencia para que la propia ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, les explicara cara a cara sus planes.
Carcedo y Lacruz han rechazado reunirse con los pacientes con artrosis; éstos declinan hacerlo con Dolores Fraga, subdirectora de Calidad de los Medicamentos, y piden una reunión al máximo nivel
No obstante, según ha podido saber este medio, Carcedo ha declinado liderar esta reunión y ha emplazado a Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, a hacerlo. Pero Lacruz tampoco se ha mostrado dispuesta a presidir el encuentro, por lo que finalmente el Ministerio de Sanidad ha propuesto que sea Dolores Fraga, subdirectora general de Calidad de los Medicamentos, quien lo haga.
Sin embargo, estos cambios no han agradado a los pacientes con artrosis, quienes han rechazado esa opción y han vuelto a solicitar un encuentro al máximo nivel. En este sentido, la confusión de los afectados es total. Mientras esperan las explicaciones públicas del Ministerio de Sanidad, algunos pacientes están acudiendo directamente a las farmacias preguntando por la desfinanciación, creyendo que ya no estarían financiados.
Se trata, no obstante, de un procedimiento que según ha confirmado el departamento ministerial a ConSalud.es “lleva su tiempo”. Así, el equipo que dirigen Carcedo y Lacruz ha “iniciado el trámite para que dejen de formar parte de la prestación farmacéutica del SNS” pero esto no será inminente. En unos documentos a los que ha tenido acceso este diario, se puede comprobar cómo Sanidad se dirige a los laboratorios farmacéuticos para anunciarles el inicio de la acción que ha llevado a cabo.
DOBLE CONFUSIÓN
El desconcierto despertado en los pacientes con artrosis no llega solamente por la noticia de la desfinanciación de los fármacos que calman sus dolores. La preocupación viene también por las explicaciones que hasta ahora ha dado el Ministerio de Sanidad sobre los motivos que le han llevado a llevar a cabo esta actuación.
Junto al desconcierto de los pacientes por el anuncio de la desfinanciación, se suma la confusión por los motivos cambiantes que alega Sanidad para llevarla a cabo
Tanto en las declaraciones concedidas a ConSalud.es como a otros medios de comunicación, el equipo de Carcedo alega que su decisión se debe a cuestiones relacionadas con la eficacia. A pesar de esta insistencia, el Ministerio contradice su propia versión, la que oficialmente ha trasladado a los propios fabricantes.
En los documentos. mencionados anteriormente, Patricia Lacruz informa que se ha acordado el inicio de la exclusión con cargo a fondos públicos de estos medicamentos a raíz de lo dispuesto en el artículo 93.2 c) del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, donde se expone que "la motivación de la exclusión responde a la consideración del medicamento como susceptible de publicitarse, directamente al público, en la Unión Europea". Además, la propia ley expone que no se puede publicitar ningún medicamento que necesite receta, tanto en los casos que esté financiado como en los que no.
POSIBLES MOTIVOS ECONÓMICOS
A pesar de la suficiente evidencia científica que han demostrado estos fármacos, y el correspondiente aval que han ofrecido las sociedades científicas, la verdadera razón que ha podido motivar esta acción de Sanidad puede estar relacionada con el asunto económico, tras la cual estarían buscando vías para sumar un colchón económico y dedicarlo a financiar otros tratamientos. Esta versión no ha sido desmentida en ningún momento por el Ministerio.
En todo caso, la consecuencia final de esta decisión recaería en los pacientes, quienes tendrían que volver a pagar por estos medicamentos. En España, esta medida podría afectar en torno al millón de personas, quienes además no contarían con ninguna alternativa terapéutica ya que el departamento que dirige María Luisa Carcedo no ha realizado ninguna aclaración al respecto.