La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia cumplió el pasado mes de junio su primer año desde que entró en vigor. Según los datos compartidos por el Ministerio de Sanidad, y a la espera de la confirmación de las comisiones de garantía, en este periodo se han realizado “en torno a 180 eutanasias”.
Sin embargo, existen relevantes diferencias entre las comunidadesautónomas debido a los diferentes ritmos de su aplicación por la falta de recursos o por los retrasos en la creación de las comisiones de garantías o de los registros de objetores. En esta línea, Sanidad ha detallado los “tres obstáculos” que pueden darse en aquellos territorios que cuenten con “menos desarrollo de la red sanitaria especializada”.
El Ministerio indica que el "menor cupo de especialistas" o la "escasez de reposición de facultativos" en algunos territorios puede dificultar la puesta en práctica de la norma
En una respuesta parlamentaria a preguntas de Vox sobre el desarrollo de esta Ley, el departamento que lidera Carolina Darias señala como primera dificultad el “menor cupo de especialistas, a su vez, proporcional y operativo, donde la figura del médico consultor puede prolongarse en el tiempo”. Y en relación con este punto, también apunta que puede dificultar la “influencia coyuntural de escasez de reposición de facultativos, como en los periodos vacacionales”.
A su vez, el tercer impedimento que Sanidad considera que puede influir en la mayor lentitud en la ejecución de esta norma es “la irrupción de crisis sanitarias, como la vivida durante la Covid-19, que hace que los recursos se prioricen y destinen a contextos más urgentes”.
MECANISMOS PARA SU DESARROLLO
A pesar de estas posibles dificultades, el Gobierno subraya que la propia Ley cuenta con mecanismos que garantizan su correcto desarrollo. Por ejemplo, citan la labor de las Comisiones de garantía y Evaluación, las cuales “han de verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que establece”.
Antes de finalizar el 2022, el Ministerio de Sanidad publicará un informe anual sobre la incidencia de la eutanasia durante el año 2021
Por otro lado, mencionan el Manual de Buenas Prácticas aprobado por el Consejo Interterritorial en julio. El objetivo de este documento, aparte de “asegurar la equidad y calidad asistencial” de esta prestación, sería “establecer un conjunto de recomendaciones que orienten a los profesionales sanitarios y a las administraciones sanitarias” para garantizar la “correcta puesta en práctica” de la norma.
Junto a ello, recuerdan que, si se cumplen los requisitos para que una persona reciba la prestación de ayuda para morir, se debe permitir al conjunto de la ciudadanía “el acceso en condiciones de igualdad a la prestación, incluyéndola en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación pública, en centros públicos o privados e incluso en el domicilio del paciente”.
HABRÁ INFORME ANUAL
Finalmente, y tras preguntas de Vox de si prevén un aumento de peticiones, el Ministerio de Sanidad responde que al tratarse de una nueva prestación que se incorpora al SNS “aún no existen estimaciones sobre si se producirá un aumento o no de casos”. No obstante, las cifras oficiales sobre la incidencia de la eutanasia en España quedarán recogidas en el informe anual de 2021 que el Ministerio publicará “antes de finalizar el 2022”.