El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha los procedimientos para la regulación de la especialidad de cirugía estética. Con esta modificación, el departamento que dirige Mónica García quiere evitar el intrusismo laboral y garantizar una mayor seguridad para los pacientes que se sometan a algún procedimiento de Medicina Estética.
Por ello Sanidad ha abierto el procedimiento de audiencia e información pública para el proyecto de Orden por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitario.
Se trata de un compromiso del ministerio que ya anunció la ministra hace unos meses. "Estamos viendo casos de intrusismo flagrante. Estamos viendo casos que, al final, quien los paga son los pacientes. Entonces, también queremos poner coto a este tema y que no cualquier médico pueda ejercer de médico esteticista”, decía.
"Estamos viendo casos de intrusismo flagrante"
En cuanto al nuevo texto, se establece la necesidad de "clarificar las especialidades médicas quirúrgicas con competencias para realizar cirugía con fines de mejora estética corporal, facial o capilar". Para ello, lo que se quiere modificar es la definición de la unidad asistencial de "cirugía estética" del RD que establece las bases sobre autorización de centros sanitarios.
En esta definición se van a incorporar las especialidades médicas que podrán ejercer las labores de la Medicina Estética. Con la modificación el texto quedaría de la siguiente manera: "unidad asistencial en la que un médico con la especialidad en Cirugía plástica, estética y reparadora u otra especialidad quirúrgica en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial de su especialidad, es responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar.”
Tal y como explicaba ya la ministra cuando anunció esta regulación, el texto argumenta que "diferentes reivindicaciones sociales y sanitarias han venido reclamando modificaciones normativas en aras de conseguir un mayor control en el desarrollo de esta actividad asistencial con la garantía de que sea ejercida por profesionales con las competencias y titulaciones adecuadas".
ANTECEDENTES: 'LEY SARA'
Como antecedente a esta norma tenemos el caso de la PNL presentada por el Partido Socialista, conocida como la Ley Sara. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la iniciativa en septiembre de 2022, y con ella instaba al Gobierno a reforzar la normativa de clasificación de las especialidades en Ciencias de la Salud.
Con ello, se quería "evitar el intrusismo y garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida". Entre otras cuestiones, la PNL incluye se establece la obligatoriedad de la posesión del título de médico especialista recogido en el ordenamiento jurídico, para el ejercicio profesional de todas las especialidades médicas y el desempeño de las funciones propias de cada una de ellas.
El caso de Sara Gómez es el que da nombre a la normativa, pues el pasado año 2022 esta joven moría a causa de las fatales secuelas causadas por una cirugía de lipoescultura que le practicó un cirujano sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. El caso dio pie a la aprobación de la iniciativa.