El Gobierno de España ha dado un paso más en la protección de la infancia con la aprobación de un acuerdo estatal que establece un marco de referencia para la atención temprana de niños y niñas de 0 a 6 años. En una conferencia multisectorial celebrada este viernes, los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han logrado un acuerdo con las comunidades autónomas para fijar estándares de calidad, acceso equitativo y gratuidad en este servicio esencial. El acuerdo establece que el plazo máximo para la intervención será de 45 días desde la detección de un posible riesgo evolutivo, siguiendo la recomendación de la Garantía Infantil Europea (GIE), aprobada en 2021 por el Consejo de la Unión Europea. Con esta medida, el Gobierno busca reducir los tiempos de espera y garantizar una respuesta eficaz en la etapa más crítica del desarrollo infantil, asegurando que ningún menor quede sin la atención que necesita para potenciar sus capacidades y prevenir futuras discapacidades o situaciones de dependencia.
Este acuerdo responde a la preocupación de especialistas y familias por las deficiencias en la atención temprana en España, donde la falta de coordinación entre administraciones y la escasez de recursos han generado desigualdades en el acceso a estos servicios. La evidencia científica subraya que la intervención en los primeros años de vida es determinante para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños y niñas. En este sentido, los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad han advertido de las graves consecuencias que puede tener la ausencia de un sistema público eficaz, desde problemas en el desarrollo cognitivo y social hasta dificultades educativas y de inclusión en la comunidad. Además, la falta de una cobertura universal obliga a muchas familias a asumir costes elevados en tratamientos privados o a destinar gran parte de su tiempo y esfuerzo a suplir las deficiencias del sistema, generando un impacto desigual y perpetuando situaciones de exclusión social.
El acuerdo establece la creación de una Red de Atención Temprana en todas las comunidades autónomas
Uno de los puntos clave del acuerdo es la creación de una Red de Atención Temprana en todas las comunidades autónomas, respaldada por normativas específicas que regulen la materia. Estas normativas deberán garantizar la coordinación entre los distintos actores implicados en el proceso, incluyendo los equipos de atención primaria, el profesorado y los servicios sociales. También se establece la obligación de compartir información y documentos clínicos para optimizar la intervención y asegurar una atención integral. Además, se busca fortalecer la plantilla de profesionales dedicados a la atención temprana, garantizando su estabilidad laboral y promoviendo la formación continua para mejorar la calidad del servicio. Con estas medidas, el Gobierno pretende sentar las bases de un sistema sólido, eficiente y accesible, que no dependa de la comunidad autónoma en la que resida la familia o de su capacidad económica.
El enfoque del nuevo marco de atención temprana no solo se centra en reducir los tiempos de espera y mejorar la coordinación, sino también en adaptar la intervención a las necesidades específicas de cada niño o niña y de sus familias. Para ello, se apuesta por un modelo de atención integral basado en el diálogo permanente con los cuidadores y en la intervención en entornos naturales, como el hogar o el parque. Este enfoque biopsicosocial reconoce que el desarrollo infantil está influido por múltiples factores y que la atención temprana debe abordarse de manera holística, considerando aspectos médicos, psicológicos, sociales y educativos. Con esta visión, el acuerdo pretende garantizar que cada menor reciba un apoyo personalizado y efectivo, favoreciendo su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.
Para la financiación de este plan, el Ministerio de Derechos Sociales ha asignado una partida de casi 42 millones de euros (41.874.524,17€), que será distribuida entre las comunidades autónomas con cargo al Fondo Social Europeo Plus. Estos fondos permitirán reforzar la infraestructura de atención temprana y asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a los servicios necesarios, independientemente de su lugar de residencia o de sus circunstancias familiares y sociales. La inversión también se destinará a la mejora de los sistemas de información y registro, que permitirán un seguimiento más preciso de los casos y una evaluación constante de la eficacia de las medidas implementadas.
Según datos de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT), en 2023, más de 129.000 niños y niñas (5,38% de la población de 0 a 6 años) necesitaron atención temprana en España. Esta cifra refleja la magnitud de la demanda y la urgencia de establecer un sistema eficiente y equitativo. Con el nuevo acuerdo, el Gobierno busca garantizar que todos estos menores reciban la atención adecuada en el menor tiempo posible, evitando que las demoras en la intervención agraven sus dificultades y comprometan su desarrollo futuro. Además, se han definido nueve líneas de acción que estructuran las medidas del acuerdo, incluyendo la planificación y financiación del sistema, la mejora de la calidad de los servicios, la coordinación interadministrativa, la participación activa de las familias y la formación continua de los profesionales.
En la puesta en marcha de este documento han participado el Grupo Técnico de Atención Temprana, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en infancia y discapacidad
El documento ha sido elaborado en el marco del Grupo Técnico de Atención Temprana, con la participación de las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en infancia y discapacidad. También han intervenido en su desarrollo los ministerios de Sanidad, Derechos Sociales, Educación, Juventud e Infancia, asegurando un enfoque multidisciplinar y consensuado. La aprobación de este acuerdo supone la culminación de un proceso iniciado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, donde en julio de 2023 se acordó establecer una hoja de ruta para la mejora de la atención temprana en España, basada en principios de universalidad, equidad, gratuidad y calidad.
El plazo fijado para la implantación completa de las medidas es el año 2030, coincidiendo con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). Durante este periodo, las comunidades autónomas recibirán financiación progresiva para desarrollar y consolidar los cambios previstos en el acuerdo. Además, el Grupo Técnico de Atención Temprana realizará un seguimiento bienal del avance de las medidas, evaluando su impacto mediante indicadores de desempeño y ajustando la estrategia según las necesidades detectadas. La evaluación final del plan se llevará a cabo en 2030, momento en el que se analizará el grado de cumplimiento de los objetivos y se determinarán los ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema.