El Boletín Oficinal del Estado (BOE) publicaba hace justo un año el nombramiento de María Luisa Carcedo como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Quien fuera senadora y responsable de las políticas sanitarias del PSOE, sustituyó a Carmen Montón después de que la política valenciana dimitiera al conocerse que había cometido irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
En estos doce meses, la ministra ha impulsado importantes acciones, algunas ya iniciadas antes de que asumiera el cargo. Sin embargo, también ha sido el centro de las críticas de la oposición por otros motivos. La particularidad de su año en Sanidad recae en que durante siete meses ha ejercido sus funciones de forma plena, pero en los cinco últimos ha estado en funciones, debido a la celebración de elecciones generales y al bloqueo de las negociaciones para formar Gobierno.
En estos doce meses, Carcedo ha tenido que someterse a varias diferencias con las CC.AA. en asuntos como el calendario vacunal, la Atención Primaria o las terapias CAR-T
De sus aciertos en este año destaca la aprobación del RD de prescripción enfermera. Tras un año de espera, se consumó el acuerdo por el que se aportaba seguridad jurídica a los profesionales de Enfermería para que pudiesen dispensar medicamentos. A pesar de ello, la medida se ha quedado a medio camino ya que sólo hay unas pocas comunidades que han logrado implementar la medida o están en proceso.
También ha sido un logro la elaboración del Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, desarrollado a la par con el Ministerio de Ciencia liderado por el ministro Pedro Duque. Tras su presentación, ambos ministerios han identificado ya un listado de 73 prácticas que pueden calificarse como pseudoterapias porque no han demostrado científicamente su eficacia. Mientras, están en proceso de análisis otras 66. Entre ellas se encuentran la homeopatía, la acupuntura o la osteopatía.
VACUNAS, PRIMARIA, CAR-T Y LISTERIOSIS EN EL INTERTERRITORIAL
A pesar del escaso tiempo que lleva como ministra, Carcedo se ha reunido en numerosas ocasiones con los consejeros de Sanidad en varios plenos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En el primero que presidió se aprobó un calendario vacunal común para el conjunto de las CC.AA., aunque pronto se encontró las primeras fisuras: algunas regiones han decidido por su cuenta incluir la inmunización contra la meningitis B (Bexsero) en sus calendarios propios.
También se ha tratado en varias reuniones el nuevo Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas en el SNS, aprobando diversos medicamentos CAR-T frente al linfoma LBDCG y a la leucemia LLA. Mientras que ya se han designado los primeros once centros que pueden tratar con dichos medicamentos y ha habido un acuerdo sobre financiación, la polémica llegaba con las comunidades que exigen la inclusión de sus centros.
El baremo de daños por la asistencia sanitaria, las ayudas a las víctimas de la talidomida o la ley para proteger a los menores del consumo de alcohol, entre los asuntos sin resolver
La Atención Primaria ha sido también protagonista en el primer año de María Luisa Carcedo. Junto a CC.AA., sociedades científicas, colegios profesionales y pacientes ha logrado aprobar, aunque sin consenso en el Interterritorial, un Marco Estratégico para revitalizar y actualizar el primer nivel asistencial. Actualmente, se ha presentado la Oficina que ejecutará las acciones recogidas en el documento.
Finalmente, la ministra de Sanidad ha congregado a los consejeros en el mes de agosto para abordar el brote de listeriosis originado en Andalucía. Pese a que no fue denominado como un Consejo Interterritorial, al pleno acudieron todas las comunidades y tras ella se decidió actualizar y revisar los actuales protocolos en materia de salud pública.
ASUNTOS POR CONCRETAR
También en este año ha habido cuestiones que no han terminado de culminarse, a pesar de llevar tiempo debatiéndose. Es el caso del baremo de daños derivados de la asistencia sanitaria o la redacción de la Proposición de Ley para proteger a los menores de edad del consumo de alcohol. Asimismo, Sanidad ha entrado en conflicto con las víctimas de la talidomida ya que no se han concretado las ayudas económicas; y también con asociaciones en defensa de la sanidad universal, ya que aseguran que están produciendo desigualdades, a pesar del RD del Gobierno.