Los fármacos de acción sintomática lenta (SYSADOA, por sus siglas en inglés Symptomatic Slow Acting Drug for OsteoArthritis) son un grupo terapéutico de medicamentos concebidos para el tratamiento de la artrosis, una patología considerada como la enfermedad reumatológica más frecuente en España.
La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, integrada en la estructura administrativa del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha iniciado el procedimiento relativo a la exclusión de la financiación de estos medicamentos, tal y como adelantó en exclusiva ConSalud.es el pasado 25 de octubre.
El departamento que dirige María Luisa Carcedo confirma a ConSalud.es que “se ha iniciado el trámite para que dejen de formar parte de la prestación farmacéutica del SNS” y que dicho proceso “lleva su tiempo”
En unos documentos a los que ha tenido acceso este diario, el departamento que dirige Patricia Lacruz escuda su medida en base a la aplicación del artículo 93.2 c) del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, donde se expone que "la motivación de la exclusión responde a la consideración del medicamento como susceptible de publicitarse, directamente al público, en la Unión Europea".
El argumento que busca parapetar la decisión del Ministerio de Sanidad no es cierto, ya que la propia Ley del medicamento explica que no se puede publicitar ningún medicamento que necesite receta, tanto en los casos que esté financiado como en los que no.
Tras la información dada a conocer por ConSalud.es, ya han sido otros medios de comunicación los que días después han publicado esta noticia. En estas publicaciones, el Ministerio de Sanidad contradice la versión que ofrece a los propios fabricantes y alega cuestiones de eficacia para llevar a cabo la exclusión de la prestación farmacéutica.
EXPLICACIONES DADAS POR SANIDAD
De forma insistente, ConSalud.es ha tratado de ponerse en contacto con el Ministerio de Sanidad para despejar dudas sobre este asunto. Finalmente, el departamento que dirige María Luisa Carcedo ha accedido a responder, confirmando que “se ha iniciado el trámite para que dejen de formar parte de la prestación farmacéutica del SNS” y que dicho proceso “lleva su tiempo”.
El Ministerio de Sanidad contradice la versión que ofrece a los propios fabricantes y alega cuestiones de eficacia para llevar a cabo la desfinanciación
Asimismo apuntan que la exclusión de estos fármacos ha sido solicitada “en reiteradas ocasiones” en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS y en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. No obstante, no han indicado qué actores lo han solicitado exactamente. Además, mencionan que en España “todas las CC.AA. han realizado múltiples intervenciones informativas sobre estos medicamentos para no fomentar su prescripción”.
Desde Sanidad defienden que estos fármacos “llevan años cuestionados debido a su baja utilidad terapéutica” o que la evidencia científica existente sobre los mismos “es de baja calidad”, citando algunos artículos en los que se plantean “dudas relacionadas con la eficacia, seguridad e impacto económico”. De la misma forma, pone de ejemplo otros países europeos en los que se ha retirado la financiación pública por “su dudosa eficacia y su relación coste-efectividad desfavorable”.
En este sentido, el Ministerio centra de nuevo sus explicaciones en la relación coste-efectividad para proceder a la desfinanciación de estos medicamentos. Sin embargo, no hacen mención en ningún momento a la información que el propio Ministerio ha transmitido a los fabricantes, donde se apunta exclusivamente al concepto publicitario.
Sanidad no aclara si se proporcionará una alternativa terapéutica que ofrezca seguridad y eficacia al millón de personas que podrían verse afectadas
SIN ALTERNATIVA TERAPÉUTICA
Con esta desfinanciación, de motivos exclusivamente económicos, un millón de personas se verían afectadas en España. De hecho, Sanidad no aclara si se proporcionará una alternativa terapéutica que ofrezca seguridad y eficacia avalada a estas personas.
El propósito del Gobierno, que no ha desmentido esta hipótesis, podría ser la obtención de capital para la financiación de otros tratamientos que se han aprobado en las últimas fechas a partir del 2020, como vareniclina y bupropion. En el caso del primero, comercializado con el nombre de 'Champix', se incurriría en una incongruencia ya que existe bibliografía científica que afirma que el éxito de este medicamento no supera el 3% en muchos casos.
De producirse esta desfinanciación, se abre una puerta muy peligrosa para que se retire en el futuro la financiación de otros medicamentos bajo el mismo argumento, lo que pondría en peligro el acceso a los medicamentos por parte de un alto número de pacientes.