El desarrollo de una Ley de Baremo Indemnizatorio por los daños y perjuicios sobrevenidos de la actuación sanitaria es una de las prioridades de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, desde el inicio de su trabajo al frente de esta Cartera. El borrador de la misma se ha tomado desde hace meses con críticas por parte de los actores implicados en el ámbito sanitario.
Esta semana, más de una veintena de asociaciones de pacientes representadas por el Defensor del Paciente han presentado una carta en el Ministerio dirigida a Montserrat en la que manifiestan su decepción y desacuerdo con el mismo. Consideran que de las informaciones que han trascendido públicamente el contenido del baremo es "discriminatorio" con las víctimas de daños sanitarios respecto de los accidentados por tráfico en el sentido de que percibirían una menor indemnización como consecuencia de una mala praxis médica.
Las voces más críticas tildan el trabajo de Sanidad en torno al baremo de discriminatorio con las vícitmas de daños sanitarios
Ignacio Martínez, abogado y coordinador del grupo de asociaciones, explica que esta discriminación está basada en la existencia del error de partida que considera que el baremo de tráfico está pensado para personas sanas que han sufrido un accidente mientras que el baremo sanitario estaría dirigido a enfermos. Las asociaciones recriminan al Ministerio de Sanidad que en ninguno de los tres subgrupos del comité de expertos creados para trabajar en la elaboración del baremo (jurídico, asegurador y pericial) se haya tenido en cuenta al colectivo de pacientes, que son los destinatarios últimos de la norma.
Por su parte, la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente y coordinadora del Grupo de entidades, grupos y asociaciones que suscriben la misiva, Carmen Flores, apela al Ministerio de Sanidad para que las personas que han sufrido un daño sanitario a consecuencia de una infracción de la lex artis no sean tratadas como un objeto mercantil por parte de los seguros de responsabilidad civil en el sentido de conseguir unas indemnizaciones más bajas de las que hasta ahora han ido fijando los tribunales.
“HABLAR DE PACIENTES Y NO DE ENFERMOS”
La carta invita a la ministra y al grupo de expertos a que no pierdan la perspectiva ni los conceptos: "Debemos hablar de pacientes y no de enfermos como ya hace la Ley de Autonomía del Paciente de 2002. A nadie se le ocurriría reducir la indemnización a por el fallecimiento de un paciente con cáncer en un accidente de tráfico por el padecimiento de su enfermedad".
A fecha de hoy continúan las adhesiones de grupos y entidades a las reivindicaciones fijadas en la carta dirigida a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entre las asociaciones destacan el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ); Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite); Foro Andaluz de Pacientes (FAP) y la Unión de Consumidores de Andalucía y de Castilla y León, entre otras.