El pasado mes de febrero CCOO denunciaba el abandono de la sanidad penitenciaria. Según datos del sindicato, actualmente el 25,1% de las plazas de médicos de los Centros Penitenciarios están sin cubrir, y el 75% de los médicos que trabajan en Instituciones Penitenciarias tienen más de 55 años, “lo que en los próximos años agravará aún más el problema asistencial; a lo que hay que añadir el hecho de que en las oposiciones de médicos no se cubran todas las plazas que se convocan, debido a las diferencias retributivas con respecto al personal del Servicio Nacional de Salud”. Igualmente, “hay un 9% de plazas vacantes de personal funcionario de enfermería, y un 24% de vacantes de auxiliares de enfermería en Instituciones Penitenciarias”, añadían desde la organización sindical.
Ante esta situación, “CCOO lleva tiempo denunciando que no se cubren las bajas del personal enfermero y médico como en el sistema nacional de salud, y que los ratios de auxiliares de enfermería, enfermeras o facultativas, en muchos centros, es manifiestamente insuficiente para la carga de trabajo existente”.
Actualmente el 25,1% de las plazas de médicos de los Centros Penitenciarios están sin cubrir, y el 75% de los médicos que trabajan en Instituciones Penitenciarias tienen más de 55 años
Por su parte, el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria señala a la "inacción del Gobierno para concluir el mandato de la transferencia a las CC.AA." como causa de la situación "progresiva" de deterioro que sufre la Sanidad Penitenciaria. Según José Veiras, secretario general de este sindicato, "en los próximos años una gran parte de los médicos que trabajan en la Institución se jubilarán sin que exista un proyecto ni para realizar la transferencia ni para la sustitución ordeanda de los efectivos".
Esta escasez de medios y de personal ha sido también denunciado recientemente en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados por el PSOE, donde los distintos partidos apoyaron una PNL del Grupo Socialista en la que se volvía a reclamar la transferencia de la sanidad penitenciaria a las CC.AA. Por su parte, el PP, que también apoyó la proposición, puntualizaba que se trata de un acto “voluntario” de cada comunidad autónoma.
Durante la Comisión, la diputada socialista Zaida Cantera, además de denunciar el “pasotismo” del Gobierno “de lo que se dicta en esta casa”, en relación a anteriores iniciativas aprobadas sobre esta cuestión, también exigía al Gobierno que abone a las comunidades autónomas el gasto por la atención sanitaria prestada por estas a la población reclusa. De hecho, ha reclamado que antes de que lleven a cabo las transferencias, se satisfagan “los pagos debidos”.