El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer el contenido del anteproyecto de Ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Tras llevarlo al Consejo de Ministros, el departamento que dirige Carolina Darias ha iniciado el trámite de información pública, por lo que el texto puede ser consultado por cualquier persona.
Uno de los aspectos más relevantes que recoge la propuesta normativa es el referido al blindaje de la gestión pública de los servicios sanitarios. Este punto es precisamente en el que las dos partes del Gobierno de coalición comparten más diferencias. El PSOE cree que se ha dado un importante paso para fortalecer el carácter público de la sanidad, mientras que UnidasPodemos opina que no se rechazan de forma definitiva las fórmulas de gestión privada.
Pese a priorizar la "gestión directa de carácter público", Sanidad deja la puerta abierta a establecer "acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas"
Según el texto presentado, lo que hará Sanidad en relación a este asunto es, por una parte, incorporar dos artículos a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y, por otra, derogar de forma “expresa” la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Gobierno de José María Aznar.
GESTIÓN PÚBLICA, CON RESQUICIOS
Con respecto a la ley de 1986, el Ministerio de Sanidad añade el artículo 47. En él, se precisa que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa de carácter público”.
No obstante, en el mismo documento también se deja abierta la posibilidad de que la prestación y gestión de dichos servicios puedan llevarse a cabo, mediante “acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas” en los términos que determina la propia ley.
Se refiere, en concreto, a que se podrá optar de forma “excepcional” a “otras fórmulas de gestión” distintas a la pública si se presenta “una memoriaquejustifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios y demás criterios previstos en la presente Ley”.
La ley propuesta no afectará al régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares y beneficiarias de los regímenes de la Seguridad Social gestionados por Muface, Mugeju e Isfas
A pesar de estos resquicios que deja Sanidad a que se hagan acuerdos con otras entidades que no sean públicas, en el texto defiende que lo propuesto “parte del concepto de que lo que es de todos y de todas es para todos y para todas” y que sirve “para facilitar el continuo fortalecimiento de las estructuras sanitarias públicas”.
De la misma forma, aseguran que la “motivación” de esta modificación legislativa “radica en explicitar, sin fisuras, la relevancia que para la política sanitaria de nuestro país tiene el sistema sanitario público, el SNS y, en definitiva, la necesaria inversión pública que se debe seguir realizando en el derecho a la protección de la salud, universal y gratuito”.
LAS MUTUAS, INTACTAS
Mientras tanto, lo que no cambia de ninguna forma es el actual modelo de mutualismoadministrativo. Pese a que Unidas Podemos defiende una revisión del mismo, para “que no se promueva el doble aseguramiento y que los nuevos funcionarios del Estado entren en el sistema sanitario público”, los ministerios de Hacienda y Función Pública y Sanidad, ambos del PSOE, no contemplan cambios.
La revisión de la Ley 15/1997 ya fue pactada entre el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo para formar el Gobierno de coalición
En concreto, el texto indica que las modificaciones normativas se harán “sin perjuicio y sin afectar, como así viene siendo, al régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares y sus beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas)”.
LEY DE 1997
En el acuerdo para un Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a avanzar “en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Para ello, se emplazaron a revisar la mencionada Ley 15/1997 así como “el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”.
Por otra parte, ambas formaciones llegaron a crear una comisiónespecífica “para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses”. Desde entonces, poco más se ha dado a conocer de un órgano que pretendía integrar a “expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales”.