Son varias las comunidades autónomas que han puesto sobre la mesa la problemática de la falta de médicos en el sistema sanitario. Concretamente, Catalina García, consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, ha venido planteando este asunto, haciendo referencia a que “la falta de médicos de familia se vuelve endémica".
Como solución a esta falta de sanitarios, la consejera plantea cambios en la Formación Sanitaria Especializada. "Necesitamos la ampliación de mil plazas MIR al año y la flexibilización de los criterios de acreditación para que se incorporen nuevas unidades docentes”, decía García.
Por ello, desde el grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, se interpeló al Gobierno, y concretamente al Ministerio de Sanidad, para que tomase medidas en este sentido. Concretamente, los dputados populares cuestionaban si se tenía previsto desde el Gobierno atender la solicitud realizada por la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Catalina García: "Necesitamos la ampliación anual de mil plazas MIR al año y la flexibilización de los criterios de acreditación"
De ser así, se cuestionaba también qué medidas se iban a tomar para impulsar estas mejoras y si la ampliación de mil plazas MIR al año y la flexibilización de los criterios de acreditación para que se incorporen nuevas unidades docentes, iba a ser una realidad.
Al respecto de estas preguntas, el Gobierno de España ha querido hacer referencia a las medidas que, hasta el momento, se han ido tomando para abordar esta falta de profesionales. Si bien no parece que el gobierno contemple la media de las mil plazas MIR, desde el Ejecutivo se han puesto en valor otras medias.
En primer lugar se hace referencia al caso específico de la Atención Primaria, en el que se han tomado medidas "a través del Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023, que cuenta con una financiación adicional para las Comunidades Autónomas de 446 millones de euros en 2022 y de 579,1 millones de euros en 2023". Este Plan de Acción, explican, cuenta con medidas específicas e indicadores de seguimiento en financiación, recursos humanos, capacidad de resolución, digitalización, estructura del equipo de Atención Primaria, cartera de servicios, calidad asistencial, orientación a la comunidad, empoderamiento de la AP, gobernanza, accesibilidad y gestión de la demanda e I+D+I.
El Gobierno destaca las medidas del Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023
Igualmente, el Gobierno detalla algunas de las medidas más relevantes que se están aplicando en otros ámbitos. Una de ellas es el incremento de la oferta de plazas de FSE en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, incrementándose en un 29% desde 2017. Concretamente, se ha pasado de 1.771 plazas a 2.489 en la Convocatoria 2023/24. "Este incremento de la oferta ha logrado que, en la pasada Convocatoria 2022/23, pese a las plazas vacantes, se hayan adjudicado 2.314 plazas en esta especialidad, siendo el mayor número de plazas adjudicadas, junto con el de la Convocatoria 2021/2022", se subraya.
Por otro lado, se ha destacado la "reducción de la temporalidad" que se incluía en el Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Además, también se ha mencionado la medida sobre lajubilación activa mejorada para los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, que se incliyó en la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a través del artículo 83 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.
Finalmente, se han puesto también en valor el acuerdo sobre los criterios mínimos para identificar los puestos de difícil cobertura y los incentivos (económicos y no económicos) para la atracción y retención en dichos puestos, adoptado en la Comisión de Recursos Humanos del SNS de 21 de marzo de 2023; y la financiación del incremento de plazas de Medicina en las Universidades Públicas, a través de una partida presupuestaria de 52 millones de euros, que se han distribuido por el Real Decreto 698/2023, de 25 de julio aprobado por el Consejo de Ministros.