La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, integrada en la estructura administrativa del Ministerio de Sanidad y cuyo liderazgo recae en manos de Patricia Lacruz, ha iniciado el procedimiento relativo a la exclusión de la financiación de los medicamentos que contienen el principio activo condroitina sulfato sodio.
Este principio activo se integra entre los fármacos de acción sintomática lenta (SYSADOA, por sus siglas en inglés SYmptomatic Slow Acting Drug for OsteoArthritis), un grupo terapéutico de medicamentos concebidos para el tratamiento de la artrosis, patología considerada como la enfermedad reumatológica más frecuente en España y que afecta, especialmente, a mujeres y jubiladas.
El argumento que busca parapetar la decisión del Ministerio de Sanidad no es cierto ni aplicable en nuestro país, ya que la propia legislación explica que no se puede publicitar ningún medicamento que necesite prescripción médica
ConSalud.es ha tenido acceso a unos documentos que prueban la información publicada en exclusiva por este medio el pasado 25 de octubre de 2019. El departamento que dirige Lacruz escuda su medida en base a la aplicación del artículo 93.2 c) del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, donde se expone que "la motivación de la exclusión responde a la consideración del medicamento como susceptible de publicitarse, directamente al público, en la Unión Europea". Así, en la misiva se refleja este principio activo "es susceptible de publicitarse en Francia".
El argumento que busca parapetar la decisión del Ministerio de Sanidad no es cierto ni aplicable en nuestro país, ya que la propia legislación explica que no se puede publicitar ningún medicamento que necesite prescripción médica, tanto en los casos que esté financiado como en los que no. Por su características, este grupo de medicamentos sí precisan receta de un facultativo y, cualquier cambio normativo en este ámbito, tendría que pasar un análisis de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Con esta desfinanciación, que suscita el rechazo de pacientes, sociedades científicas y profesionales sanitarios, más de un millón setecientas mil personas se verán afectadas en España y no tendrán otra alternativa terapéutica que ofrezca seguridad y eficacia avalada por una extensa literatura científica, que el propio Ministerio de Sanidad ha utilizado y conoce perfectamente
LOS SYSADOAS NO ES EL ÚNICO CASO
Pero el caso de los Sysadoas no es el único que el departamenteo de Patricia Lacruz está perjudicando a los pacientes con su nefasta gestión. Los enfermos de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) se encuentra en la actualidad pendientes de que se les retire el visado para acceder al tratamiento mejorado. En este contexto, reclaman dos cuestiones al Ministro Salvador Illa. La primera de ellas es facilitar el acceso inmediato a los tratamientos indicados por el profesional sanitario de confianza, sin trabas burocráticas y sin visado, con el objetivo de que el paciente controle mejor sus síntomas, evite agudizaciones y, con ello, su ingreso hospitalario. El visado afecta a 300.000 pacientes de EPOC severa y supone uno de los grupos de riesgo más importantes con la crisis de la COVID-19. En España todos los años mueren más de 29.000 personas a causa de la EPOC.
Pero lo más increible de este caso, y lo que nadie entiende, es que la triple terapia, que sólo necesita una única inhalación diaria, frente a las 3 ó 5 del actual tratamiento, supondría, además de un beneficio considerable para el paciente y una mayor adherencia al tratamineto, un ahorro para el Ministerio de Sanidad de un 15% del coste de los tratamientos actuales ya que la triple terapia es más barata que el tratamiento actual.
Es preciso recordar que la decisión corresponde a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, cuya máxima responsable es Patricia Lacruz; una muestra más de que su incompetencia perjudica seriamente a los pacientes con EPOC.
Otro de los episodios que ha vivido la sanidad española en los últimos meses, y también protagonizados por el departamento de Patricia Lacruz, ha sido las gestión de las compras de matrerial durante los primeros días de la crisis del coronavirus, donde se tuvieron que devolver más de 640.000 test defectuosos comprados a través de un proveedor sin ninguna experiencia en el sector y haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).
La pregunta que se hacen muchos, dentro y fuera del ministerio, es a que espera el Ministro Illa para hacer una renovación en profundidad de su equipo antes de que la situación le desborde por la mala gestión de su departamento y acabe arrastrándole.