El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite de consulta pública previa para modificar el Real Decreto 823/2008 relativo a las deducciones y descuentos correspondientes tanto a la distribución como a la dispensación de medicamentos. El propósito de la medida es garantizar que las oficinas de farmacia rural sigan siendo accesibles a la población y se blinde su viabilidad.
Para ello, se adecuará “a las necesidades actuales” la aplicación del índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia que resulten exentas de la escala de deducciones.
Sanidad modificará los requisitos para participar en la aplicación del índice corrector; elevará las cuantías fijas derivadas con la actualización del IPC y actualizará anualmente estas cuantías
Dicho índice, con el objeto de facilitar la sostenibilidad de las oficinas con menos ingresos, se aplica según precisa Sanidad “a las recetas u órdenes de dispensación de medicamentos de uso humano fabricados industrialmente dispensados con cargo a fondos públicos, sin que el importe derivado de la aplicación de dicho índice pueda superar a favor de la farmacia los 833, 33 euros mensuales”.
En la nueva modificación, el departamento que dirige Carolina Darias plantea tresnuevasmedidas: “la modificación de los requisitos exigibles para participar de la aplicación de dicho índice; la elevación de las cuantías fijas derivadas de la aplicación del índice corrector de los márgenes mediante la actualización del IPC; y el establecimiento de la actualización anual de las cuantías fijas”.
OFICINAS AFECTADAS
Y es que, en la actualidad, existen oficinas de farmaciaafectadas por determinadas circunstancias: las que no han sido objeto de sanción administrativa o inhabilitación profesional ni están excluidas de su concertación; las que participan en los programas de atención farmacéutica y en la realización del conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los medicamentos que establezca la administración sanitaria correspondiente; y las que sus ventas anuales totales, en términos de precio de venta al público incrementado con el impuesto sobre el valor añadido, no superen los 200.000 euros en el ejercicio económico correspondiente al año natural anterior.
Mientras tanto, desde Sanidad indican que “los requisitos actualmente aplicables no son los originales dado que en el año 2011 se centraban en las oficinas de farmacia que estén ubicadas en núcleos de población aislados o socialmente deprimidos y que sus ventas anuales totales en términos de precio de venta al público incrementado con el impuesto sobre el valor añadido, no superen los 200.000 euros en el ejercicio económico correspondiente al año natural anterior”.
En 2021 había 712 oficinas de farmacia afectadas por el índice corrector; de ellas, el 80% están en municipios de menos de 1.500 habitantes
Por su parte, fue en mayo de 2012 cuando se eliminó la especial consideración a núcleos de población aislados o socialmente deprimidos. Sin embargo, a excepción de los criterios, “lo establecido relativo a la aplicación del índice corrector de los márgenes no ha sufrido modificaciones”.
PRESTACIÓN EN EL ENTORNO RURAL
El objetivo último de esta medida es, como destaca el Ministerio, “incrementar las garantías para que la prestación farmacéutica que se realiza por los farmacéuticos y las farmacéuticas de las oficinas de farmacia sitas en el entorno rural con riesgo de despoblación y en los entornos social y económicamente vulnerables siga siendo accesible y capilar a toda la ciudadanía en todo el territorio nacional, así como contribuir a evitar la despoblación en las zonas rurales”.
Desde Sanidad detallan además que en 2021 había 712 oficinas de farmacia afectadas por el índice corrector, más del 3% de oficinas de todo el país. En los últimos 5 años “se observa una tendencia decreciente”: 712 en el año 2021, 800 en 2020, 819 en 2019, 856 en 2018 y 899 en 2017. Asimismo, en el 2021, el 80,62% afectadas por el índice corrector están en municipios de menos de 1.500 habitantes.