Al Gobierno no paran de llegarle críticas por el Real Decreto 16/2012. A las proporcionadas por los partidos de la oposición, profesionales y asociaciones de pacientes se les suma la emitida por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), quien ha emitido recientemente un informe sobre el grado de cumplimiento del Ejecutivo con los derechos humanos.
Según ha podido saber el movimiento Red para la Denuncia de las Vulneraciones y Resistencias al RDL 16/2012 (Reder), esta Comisión visitó España “en marzo de 2017” y hace unas semanas se han publicado sus “conclusiones y recomendaciones”. Así, este organismo europeo reprende al Gobierno al entender que por la “reforma sanitaria del 2012 fueron excluidos del sistema de salud público muchos extranjeros”.
Este organismo europeo detalla que una de las consecuencias del RD 16/2012 ha sido la pérdida de las tarjetas médicas de "cientos de miles de migrantes" que no contaban con permiso de residencia
Se refieren en concreto a que el RD 16/2012 “ha tenido graves consecuencias para muchos migrantes” ya que se han excluido del sistema de salud a los extranjeros que no tienen un permiso de residencia. Como resultado de ello, apuntan, “cientos de miles de migrantes perdieron sus tarjetas de seguro médico”. Además, señalan que esta normativa se ha aplicado de forma desigual según las comunidades autónomas: algunas “de manera muy estricta”.
RECOMENDACIONES
Tras recibir numerosos casos de asociaciones y ONG’s sobre estas situaciones, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ha instado al Gobierno español a “actualizar sus políticas de integración en un documento estratégico y desarrollar un sistema coherente de indicadores de integración”.
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha instado al Gobierno a evaluar "exhaustivamente" el impacto de la reforma sanitaria y hacer los ajustes para respetar el "derecho a la atención médica"
Por su parte, y en referencia al ámbito estrictamente sanitario, este organismo europeo ha recomendado al Ejecutivo central a evaluar “exhaustivamente” el impacto de la reforma sanitaria y, al mismo tiempo, “hacer los ajustes, lo más rápidamente posible, para garantizar que se respeta el derecho a la atención médica de todos los migrantes”.
CC.AA. Y OPOSICIÓN CONTRA ÉL
En estos años, varias han sido las comunidades autónomas que han intentado aprobar leyes autonómicas para garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria. No obstante, el Tribunal Constitucional, tras los correspondientes recursos presentados por el Gobierno, han anulado estas normativas en al menos cuatro regiones: País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra.
Por su parte, partidos políticos como el PSOE o Unidos Podemos han exigido de manera insistente la derogación del RD. La secretaria de Sanidad del PSOE, Luisa Carcedo pide incluso que la protección de la salud sea considerada “derecho fundamental”. Mientras, Amparo Botejara, portavoz sanitaria de la formación morada, ha reclamado una modificación para “retomar lo contemplado en la ley de 2003”.