La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el ministro delInterior, Fernando Grande-Marlaska, han presentado este martes el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, un documento que representa uno de los objetivos del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, prorrogado hasta 2020, y recoge una serie de líneas de actuación.
Entre ellas, el Ministerio de Sanidad ha informado que se apostará por “favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con VIH; trabajar en favor de la aceptación social; reducir la estigmatización en las personas con VIH; y generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación”.
Otras acciones serán "prevenir el estigma y la discriminación en el ámbito educativo" o "garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida y a la adopción"
Con estos objetivos, el pacto estable varias acciones para diferentes ámbitos. Por ejemplo, se prevé “dar respuesta a las situaciones de discriminación producidas desde el ámbito sanitario, asegurar que los certificados médicos no incluyan el estado serológico como un indicador del padecimiento de enfermedad infecto contagiosa, garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida y a la adopción, ampliar las garantías de protección legal, promocionar políticas para evitar la discriminación laboral, favorecer la libre circulación de personas con el VIH y con sida, y prevenir el estigma y la discriminación en el ámbito educativo”.
En este contexto, una de las primeras acciones será desarrollar la solicitud de adhesión de los diferentes agentes sociales e institucionales implicados. Para ello, se presentará en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, que se celebrará en enero de 2019.
“COMPROMISO DEL GOBIERNO”
María Luisa Carcedo ha asegurado durante su intervención que “el Gobierno está firmemente comprometido con la eliminación de todas las barreras para la prestación de servicios de prevención y tratamiento del VIH”. Igualmente, ha garantizado que prevén generar marcos jurídicos, sociales y normativos con un objetivo doble: por un lado, se busca la eliminación del estigma y la discriminación. Y por otro lado, “esta resolución está dirigida a preservar y construir entornos que favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades para las personas con VIH”.
La plasmación del compromiso del Gobierno en torno a la Agenda 2020 tiene un horizonte temporal según Carcedo: "poner fin en 2030 a la epidemia de VIH y sida"
Por parte, la ministra de Sanidad ha compartido que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha asumido el compromiso común y universal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. “La plasmación de este compromiso”, ha asegurado la ministra, “tiene un horizonte temporal: poner fin en 2030 a la epidemia de VIH y sida”.
Por su parte, el ministro del Interior ha apuntado que la lucha contra los prejuicios y el estigma “es una cuestión de carácter transversal en la que todas las Administraciones e instituciones tenemos un papel que desarrollar”. Así, ha añadido: “Soy consciente de lo que nos corresponde para garantizar un ámbito social donde la igualdad de trato sea algo efectivo. Desde suscribir una hipoteca, un seguro o en el ámbito laboral donde el VIH sigue siendo discriminatorio”.
Grande-Marlaska, que ha hecho un reconocimiento expreso a Instituciones Penitenciarias por las políticas de salud pública que se llevaron a cabo en los años 90, ha abogado por romper estigmas en el acceso al empleo público “y en determinados ámbitos como el de mi ministerio, teniendo siempre como objetivo que no nos podemos mover en parámetros de diagnóstico porque sería caer en el estigma sino en parámetros clínicos”.