Es la primera cuestión que quiere resolver el Ministerio de Sanidad, ahora gestionado por Carmen Montón: restablecer la universalidad de la asistencia sanitaria, la cual fue cuestionada tras la aprobación del RD 16/2012. Sin embargo, lo que es “urgente y prioritario” para la ministra y las consejerías del PSOE, no lo es tanto para los responsables populares.
“No es un problema”, ha apuntado Manuel Villegas de la Región de Murcia, quien incide en que el tratamiento sanitario a extranjeros en situación irregular “ya lo estamos resolviendo”. Asimismo, reclama que “si lo que queremos hacer es un efecto llamada sobre el resto del mundo, habrá que decir qué queremos hacer, qué resultado va a tener y cuáles serán las implicaciones económicas”.
Las consejerías gobernadas por el PP consideran que "no es un problema acuciante"; las socialistas se congratulan de "el final de una injusticia que se ha producido en este país"
En el mismo tono se ha expresado Enrique Ruiz Escudero, de la Comunidad de Madrid. El consejero subraya que “todas las CC.AA.” han atendido a estas personas y por ello discrepa sobre que sólo haya un punto en el orden del día. Además, ha exigido “más información” para ver “en qué términos se va a definir el concepto de universalidad”. Así, se pregunta cuáles serán las prestaciones, qué va a pasar con los trasplantes y cómo se resolverán los copagos.
También lo destaca María Martín, de La Rioja. La consejera señala que “no es un problema acuciante” y que incluso se tenía “resuelto” por tratarse de una “cuestión de humanidad”. Sobre la normalización de la asistencia entre las CC.AA., Martín ha recordado que “lo propuso el ministro Alfonso Alonso” y en aquel momento “se rechazó”. Por ello, reclama más definición y “concreción jurídica”, criticando así que “hay que ser más serios”.
Igualmente, Jesús Vázquez Almuiña, de Galicia, ha solicitado “un periodo” para que las CC.AA. hagan sus aportaciones ya que entienden que la información aportada por el Ministerio “recoge principios generales pero no criterios específicos”. Asimismo, Antonio María Sáez, de Castilla y León, reprocha que se trata de una propuesta “muy inconcreta”, al tiempo que considera “incomprensible” que la inclusión sanitaria de las personas “supuestamente excluidas” no vaya a tener un impacto presupuestario.
LAS CONSEJERÍAS SOCIALISTAS LO CELEBRAN
Por su parte, el tono ofrecido por los consejeros del PSOE ha sido totalmente contrario. Contar con una ministra socialista en el Gobierno representa “mucha tranquilidad” para Patricia Gómez, de Baleares, quien además ha resaltado que recuperar la universalidad “es un ahorro” y que atender a los pacientes crónicos en Primaria “es mejor”.
El titular de Castilla-La Mancha, el consejero Jesús Fernández, ha discrepado de sus compañeros del PP. Ha incidido en que las CC.AA. “hemos tenido que hacer piruetas y trampas para atender a los ciudadanos en situación irregular” por lo que se congratula de “el final de una injusticia que se ha producido en este país”.
Mientras, Sebastián Celaya, de Aragón, ha recalcado que la asistencia se ha seguido prestando pero ésta se ha realizado “en una situación de inseguridad”. De esta manera, valora positivamente el “mensaje político que se da a la ciudadanía” con la regulación de la universalidad.
La responsable sanitaria de Cantabria, María Luisa Real ha incidido en que se trata de “un problema de salud pública” y no de financiación, como alegan los consejeros populares. Además, apunta que “con falta de documentación e improvisación” fue cómo se aprobó el RD 16/2012. Finalmente, Marina Álvarez, consejera de Andalucía, ha instado a “recuperar la universalidad como valor y normalizar la asistencia con un respaldo jurídicos para todos”.
