De una asbestosis por fibrosis a un mesotelioma, esos son los resultados de la exposición al amianto que actualmente se encuentra en fase de deterioro y causa al año en Europa más de 80.000 fallecimientos. La lucha contrarreloj de las administraciones para eliminar este material de los edificios antes de que concluya su vida útil, de 30 a 35 años, es una máxima en la que España lleva involucrada años.
En este contexto, señalan a este medio fuentes del Ministerio de Sanidad, se ha avanzado “enormemente” en el desarrollo metodológico para la identificación del amianto en infraestructuras y la valoración de su peligrosidad. “De estas acciones, se espera obtener datos de gran utilidad en cuanto a vigilancia, que permita el seguimiento y coordinación de los esfuerzos de Comunidades Autónomas y ayuntamientos por el desamiantado del entorno”, añaden.
La última evaluación del PIVISTEA señala “una gran disparidad en la disponibilidad de la información y su facilidad para la transmisión por parte de las comunidades autónomas participantes"
En 2002 se prohibió en España el uso y comercialización de este material tras la Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, sobre limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Un año después, en 2003, se diseñó el Programa Integral para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores expuestos al amianto en España (PIVISTEA), con el objetivo de “garantizar una intervención adecuada, uniforme y armonizada en todo el territorio nacional de los trabajadores expuesto”. En total, están registradas en el programa 2.697 empresas que han realizado o desarrollan actividad laboral con amianto y 70.842 trabajadores que están o se han hallado expuestos en su actividad laboral a fibras de amianto.
Este instrumento, señalan desde la cartera de Sanidad, ha revelado su “importancia para la tutela de la salud de los trabajadores expuestos”. Cada dos años se evalúa para conocer los logros de su implementación y gestión por parte de las autonomías. La última actualización, referente a la situación de 2018, refleja “una gran disparidad en la disponibilidad de la información y su facilidad para la transmisión por parte de las comunidades autónomas participantes”.
Los ayuntamientos elaboraran un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, los resultados “serán la base de estrategias de eliminación seguras”
Además de esta iniciativa, Sanidad cuenta con el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA), desarrollado en 2021 con una vigencia bianual que incluye una línea de intervención específica sobre control y vigilancia del amianto en el país. La meta es minimizar los impactos de los residuos del amianto en la salud.
EL OBJETIVO DE ELIMINACIÓN
Ningún grado de exposición es seguro, como señaló a este medio la Dra. Carmen Diego, neumóloga y coordinadora del área de Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo revisaron hace unos meses las normas sobre la exposición al amianto en entorno laboral y esta se redujo de 0,1 hasta 0,01 fibras por centímetro cúbico. Sin embargo, es una reducción insuficiente ya que “no hay un límite que no represente un peligro para desarrollar una enfermedad el día de mañana”, como indicó la neumóloga.
En los últimos años, como destaca un estudio publicado en Elsevier por los doctores Josep Tarrés, Constança Albertí-Casas y Carmen Diego, se ha producido un cambio en la exposición de este material. Mientras que la contaminación laboral se encuentra en fase de estabilización desde 1996 y se ha reducido la de convivencia, la exposición ambiental “está en aumento” y supone el único motivo de que los casos de mesoteliomas pleurales sigan creciendo hasta 2020, último año del que se recogen datos. De ahí la necesidad de “desinstalarlo con urgencia”, en palabras de los expertos.
El Ministerio de Sanidad señaló el año pasado a ConSalud.es que su objetivo era la eliminación del amianto para 2028, alineado con el objetivo establecido por la UE. Una meta para la que se establecía, entre otras estrategias, que antes de abril de 2023 los ayuntamientos elaboraran un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Todavía no se tienen los resultados, una vez obtenidos “serán la base de estrategias de eliminación seguras”, indican en respuesta a la última consulta realizada por este medio.