La vigilancia en salud pública (VSP) se define como el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública. No en vano, la VSP es considerada una de las funciones esenciales de la Salud Pública y, como se demostró durante la pandemia de Covid-19, es el elemento clave para acceder a la información necesaria para la toma informada de decisiones ante situaciones de riesgo para la salud de la población.
En este contexto, el último ‘Estudio del marco de recursos humanos y formación en la vigilancia en salud pública en el Sistema Nacional de Salud’, realizado por el Ministerio de Sanidad, analiza la actual situación de los recursos humanos dedicados a este ámbito en las CC. AA., el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre las posibles reformas necesarias.
El documento refleja que no se dispone ni a nivel autonómico ni a nivel estatal de un plan para la ordenación de los recursos humanos dedicados a vigilancia en salud pública, algo que recomienda
De esta manera, el documento refleja que no se dispone ni a nivel autonómico ni a nivel estatal de un plan para la ordenación de los recursos humanos dedicados a vigilancia en salud pública, algo que recomienda. Con todo, el 11% de los puestos de salud pública fueron destinados a vigilancia en salud pública dentro las comunidades autónomas, existiendo grandes diferencias entre ellas que convendría armonizar. Igualmente, en el caso del CCAES, el porcentaje es similar al registrado a nivel autonómico (12%).
Por tanto, sin contabilizar las plazas vacantes, el informe del Ministerio de Sanidad calcula que hay 1,68 plazas de VSP por cada 100.000 habitantes en las CC. AA.. El 69,6% de las cuales estaban ocupadas por mujeres, mientras que en el CCAES y CNE estos porcentajes fueron 60% y 90,9%, respectivamente. Asimismo, a nivel autonómico, el 27,5% de los profesionales en el momento del estudio –2022- tenían más de 60 años, por ninguno en el CCAES y un 15,2% en quienes ocupaban las plazas en CNE. Una realidad ante la que recomiendan seguir incorporando nuevos profesionales formados para el oportuno relevo generacional.
Todas las CC.AA. creen que podrían aumentar la plantilla en un caso de emergencia, pero sólo una región (Comunidad de Madrid) dispone de un plan específico definido para agilizar la contratación de refuerzo
Del mismo modo, la desigualdad territorial se refleja también en otros factores como el de la carrera profesional. Dado que el régimen funcionarial es el predominante entre el personal que trabaja en vigilancia en salud pública, sólo en 8 de 15 CC. AA. que informaron al respecto se disfruta de carrera profesional y sólo en dos de estas CC. AA. la carrera profesional es igual para el personal estatutario que para el funcionario. En el nivel central, el personal funcionario no tiene carrera profesional. Además, en relación con las guardias de vigilancia en salud pública, existe un sistema retributivo en 9 de las 15.
Por otro lado, el documenta saca a la luz que los mecanismos autonómicos más utilizados para aumentar la plantilla en situaciones de emergencia fueron la contratación de personal eventual, seguido de la cesión de personal estatutario del servicio de salud, de personal de organismos autónomos y de fundaciones. En esta línea, todas las CC.AA. creen que podrían aumentar la plantilla en un caso de emergencia, pero sólo una región (Comunidad de Madrid) dispone de un plan específico definido para agilizar la contratación de refuerzo.
A nivel autonómico, el 44,4% del personal eran graduados en Medicina, seguido del grado de Enfermería (31,6%). Solamente un 2,2% de los y las profesionales de VSP tenía formación de grado en análisis de datos
Otro de los aspectos en los que incide el informe es la necesidad de invertir en formación para estos profesionales en VSP. En este aspecto, aclara que, a nivel autonómico, el 44,4% del personal eran graduados en Medicina, seguido del grado de Enfermería (31,6%). Solamente un 2,2% de los y las profesionales de VSP tenía formación de grado en análisis de datos. Igualmente, a nivel central, Medicina es el grado más común (el 76% en el CCAES y el 40% en el CNE). Además, se observa que la profesión de Enfermería estaba menos representada en el ámbito nacional que en las CC. AA..
En la misma línea, sólo el 40% de las CC. AA. disponían de cursos de formación sanitaria continuada acreditada en VSP. Los principales cursos que se realizan son cursos de Vigilancia/Epidemiología (general) y cursos de vigilancia y control de enfermedades transmisibles (generales y específicos de enfermedades). En el CCAES, aunque no son cursos específicos de VSP, se ofrecen cursos de paquetes estadísticos y cursos de protección de datos. Finalmente, en el CNE se imparten cursos acreditados de metodología y de paquetes estadísticos.
En base al análisis del Ministerio de Sanidad sobre la realidad de la vigilancia de salud pública en España, se recomiendan más mecanismos de provisión de puestos de trabajo
En definitiva, en base al análisis del Ministerio de Sanidad sobre la realidad de la vigilancia en salud pública en España, se recomiendan más mecanismos de provisión de puestos de trabajo; un aumento de las plantillas; facilitar mejores retribuciones y desarrollo profesional a estos trabajadores; facilitarles una formación oportuna; o la creación de planes específicos ante situaciones de emergencia sanitaria en todo el territorio. Todo ello, sobre la base de unas condiciones lo más unificadas posibles en todas las CC.AA..