A pesar de que fue una de las primeras promesas de Dolors Montserrat al llegar al Ministerio de Sanidad, la redacción y consecuente aprobación de la esperada Ley de menores sin alcohol se está postergando más de lo previsto. Y es que, la propia ministra confió a la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas la elaboración de un informe previo.
Por ello, se constituyó una ponencia de estudio para elaborar dicho informe con el fin de que, tras su finalización, se eleve al Gobierno y éste facilite la redacción de la ley. Esta ponencia celebró su primera sesión el 28 de marzo de 2017 y posteriormente se han celebrado 20 reuniones más en las que han comparecido diferentes expertos y miembros de organismos públicos que han expuesto qué aspectos debe recoger la norma estatal.
Después de que la Comisión Mixta apruebe el informe, éste se elevará al Gobierno; la previsión es que antes de finales de año esté presentada la ley de menores sin alcohol
Ahora, un año después, se va a proceder a finalizar el informe. Así se extrae de la agenda del Senado, que este miércoles acoge el “debate final” y la elevación, en su caso, a la Comisión Mixta de dicho documento sobre la ponencia. Con el visto bueno de este comité, formado por diputados y senadores, el Ministerio de Sanidad contará con todo lo necesario para elaborar y presentar la ley. La previsión es que se presente antes de 2019.
MAYOR CONTROL
Según ha adelantado a ConSalud.es la presidenta de dicha Comisión, la diputada del PP Carmen Quintanilla, algunas de las medidas que podría incluir la futura norma es un “mayor control de la publicidad y el patrocinio” de las bebidas alcohólicas. Esta, es una de las peticiones que había compartido la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). En un reciente informe, exigían que se limitaran los espacios públicos y los medios de comunicación que pudiesen publicitar este tipo de bebidas.
La futura ley podría incluir más control sobre la venta y consumo de alcohol; además, se prevé una mayor regulación de la publicidad de estas bebidas en espacios públicos y medios de comunicación
Por otra parte, Quintanilla veía con buenos ojos que se activen protocolos para que los profesionales sanitarios informen a los padres de menores que vayan a Urgencias y sean atendidos por motivos de alcoholemia. Igualmente, defendía que se incrementara el control y las inspecciones, e incluso aumentaran las sanciones, para que los comercios no vendan alcohol a menores.
Además de la SEE, otros organismos como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción(FAD) han compartido sus reivindicaciones. Entre ellas, crear un Consejo Estatal para evaluar la aplicación de la ley; que se mantenga “como mínimo” los 18 años como límite de edad para la venta y consumo de alcohol; o que se cumpla de manera “efectiva” la normativa vigente sobre el consumo en la vía pública.