Tal y como avanzó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este viernes se ha iniciado el trámite de consulta pública para el anteproyecto de ley de creación del Centro Estatal de Salud Pública. Desde hoy y hasta el próximo 13 de octubre, ciudadanos y organizaciones sociales pueden hacer aportaciones al texto que desarrollará esta nueva institución, una ley que Darias quiere aprobar antes del verano de 2022.
En la ficha publicada por Sanidad, se dan a conocer los antecedentes de la norma, así como los problemas que se pretenden solucionar con ella, la necesidad que supone su aprobación y los objetivos que se marcan. Con todo, desde el Gobierno se incide en que “no existe una alternativa a no regular la creación del Centro Estatal de Salud Pública”, recordando que es un “mandatolegal” de la Ley de Salud Pública de 2011.
La propuesta normativa incide en que el futuro centro “se dotará con personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias”
Según el documento publicado, al que ha tenido acceso ConSalud.es, esta ley servirá para fijar “la creación de un organismo público estatal, con enumeración de sus fines generales, así como su dependencia o vinculación al Ministerio de Sanidad”. Igualmente, se establecerán “los recursos económicos, las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal” y otras cuestiones que exijan norma con rango de ley.
Desde el Ministerio de Sanidad se subraya que “el fin último” de la norma será “un nuevo centro de salud pública con autonomía funcional, que ejerza las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”.
Igualmente, entre los aspectos más destacados que recoge el texto está la alusión a que “se dotará con personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias”. En esta línea, aseguran que será una institución “de excelencia” que aglutinará competencias “hasta ahora dispersas” como “la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española” así como “la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública y la coordinación de las respuestas”.
COORDINAR ESFUERZOS FRENTE A FUTURAS AMENAZAS
A lo largo del texto se incide en como la pandemia de Covid-19 ha expuesto la necesidad de “contar con un centro que coordine esfuerzos frente a futuras emergencias sanitarias”. En esta línea se recalca la importancia de “disponer de capacidades e instrumentos para que el sistema sanitario esté preparado y pueda responder ante los peligros para la salud humana”.
El texto apuesta por “crear una red integrada de sistemas de información que mejore la detección de eventos de salud pública y contribuya a la toma de decisiones en tiempo real"
Por ello, el establecimiento de este nuevo organismo, subraya Sanidad, permitiría “consolidar un cambio de enfoque, pasando de una visión segmentada de los diversos aspectos de la salud pública a otra integrada, tanto funcional como institucionalmente”. De forma particular, proponen que trabaje tanto en vigilancia epidemiológica como en “asesoramiento técnico y científico, la evaluación de políticas sanitarias y de su impacto en la salud”.
En otro orden, esta institución tendrá el cometido de desarrollar la Red de Vigilancia de la Salud Pública. En concreto, se apuesta por “crear una red integrada de sistemas de información que mejore la detección de eventos de salud pública y contribuya a la toma de decisiones en tiempo real, asegurando un funcionamiento autónomo y la transparencia necesaria en la gestión, análisis de datos y presentación y difusión de resultados”.
PENDIENTE DESDE 2011
Más allá de que la crisis sanitaria del coronavirus ha puesto en evidencia la urgencia de contar con esta nueva institución, lo cierto es que el mandato se fijó ya en 2011. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establecía en su artículo 47 la creación de un Centro de Salud Pública, que estuviera adscrito al Ministerio de Sanidad y “que desempeñara funciones de asesoramiento técnico, evaluación de políticas de salud pública seguimiento y evaluación de la Estrategia de Salud Pública y coordinación de los centros nacionales de salud pública”.
El Gobierno afirma que los fondos europeos “suponen una oportunidad única” para su desarrollo “como base de un nuevo sistema de salud pública más ambicioso, más integrado y mejor articulado”
Sin embargo, el Gobierno reconoce que “hasta la fecha actual, no se ha creado dicho Centro”. Junto a ello, Sanidad menciona que el acuerdo aprobado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, instaurada en el Congreso meses después de que se iniciara la pandemia, recoge también su creación. En este punto, y a petición del PP, se incluyó la alusión a que se estudiara “la fórmula jurídica más adecuada, incluida la posibilidad de una Agencia”.
Finalmente, el Gobierno recuerda que esta iniciativa también se ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, proyecto surgido para canalizar a nivel nacional la llegada de fondoseuropeos aprobados para paliar las consecuencias de la pandemia. De hecho, subrayan que las partidas económicas que llegarán desde la UE “suponen una oportunidad única” para el desarrollo de este Centro “como base de un nuevo sistema de salud pública más ambicioso, más integrado y mejor articulado”.