El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la inminente creación del Centro Estatal de Salud Pública ha sorprendido al conjunto de las administraciones que forman parte del Consejo Interterritorial. Pese a que ya se anunció para estas fechas el anteproyecto de Ley de su configuración, las gestiones para designar sede no están demasiado avanzadas.
Esta nueva institución nace como respuesta al impacto provocado por la pandemia del Covid-19 en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Sánchez aseguró en su intervención durante el Debate sobre el Estado de la Nación que “no vamos a olvidar las lecciones de pandemia” de forma que apostarían por “reforzar la salud pública en nuestro país” a través del mencionado Centro con el fin de “mejorar la gestión de las emergencias sanitarias”.
Pese a la voluntad del Gobierno por impulsarlo tras la Covid-19, la creación de este Centro es un mandato de la Ley 33/2011 General de Salud Pública
Pero pese a esta voluntad del Gobierno actual, lo cierto es que la creación de este Centro Estatal de Salud Pública es un mandato legal recogido en el artículo 47 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Ya en esta norma se hacía mención a que sus funciones serían establecidas “en el correspondiente Real Decreto de estructura orgánica”.
Y, precisamente, lo anunciado por Pedro Sánchez es la próxima aprobación del anteproyecto de Ley que creará la nueva institución de Salud Pública de forma oficial, a nivel orgánico y normativo. Otro aspecto diferente será el proceso impulsado para designar cuál será la sede del organismo creado. Por ahora, según ha podido saber ConSalud.es por fuentes autonómicas, solo una comunidad autónoma se ha ofrecido.
ARAGÓN, ÚNICA EN POSTULARSE
Desde que Salvador Illa rescatara este proyecto en 2020, durante lo peor de la pandemia, el foco informativo se ha centrado en averiguar cuál sería la sede y quién la dirigiría. No obstante, el Ministerio de Sanidad siempre ha tratado de restar importancia a estas cuestiones y de darle más importancia a las competencias que tendría.
A pesar de ello, desde hace meses se sabe que el Centro Estatal de Salud Pública no ubicaría en Madrid. Así lo confirmó el propio Ministerio de Sanidad a ConSalud.es, detallando que la futura institución se acogería al procedimiento iniciado por el Gobierno central para descentralizar las entidades públicas de nueva creación. De este modo, las comunidades autónomas tendrán que “competir” si quieren acogerlo.
Varias CC.AA. aseguran que "no se ha hablado de las sedes" en ningún pleno del Consejo Interterritorial; mientras, Aragón ya ha postulado a Zaragoza para albergarlo
No obstante, entre las propias comunidadesautónomas hay sensación de “sorpresa” tras el anuncio realizado por Pedro Sánchez. Varias Consejerías de Sanidad apuntan a este medio que hasta ahora “no se ha hablado de las sedes” en ningún pleno del Consejo Interterritorial o que del proceso solo conocen “el anuncio” y que “no hay ninguna comunicación oficial”.
En todo caso, sí que hay una región que ya ha postulado. Según confirman desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, hace “muchos meses” que enviaron un escrito al Ministerio de Sanidad proponiéndose como sede del futuro centro. Y aunque no se concretó ninguna ubicación, consideran que la ciudad de Zaragoza es “la opción más factible”.
Como “puntos fuertes” de la candidatura, Aragón defiende la “gran accesibilidad” de Zaragoza desde todo el país. Igualmente, resaltaron la disposición de un campus universitario “reconocido y con fuerte implantación en sus titulaciones sanitarias y sociales”. Según defienden desde esta región, “la descentralización de organismos puede ser un eje vertebrado para territorios interiores que puede ayudar a fijar población y a desarrollar económicamente entornos menos favorecidos”.
¿CÓMO SERÁ EL PROCESO OFICIAL?
En marzo, el Gobierno aprobó la norma sobre el procedimiento que determinaría las sedes de las entidades del sector público estatal de nueva creación. Según lo aprobado, será el propio Consejo de Ministros el que inicie y finalice el proceso para determinar qué municipio o ciudad será la sede.
Al Ejecutivo central le apoyará una ComisiónConsultiva que elaborará un informe con los criterios fijados, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), solicitará informe a la entidad afectada y analizará las posibles sedes. Tras estudiar las candidaturas presentadas, esta Comisión emitirá un dictamen y lo remitirá al Consejo de Ministros. Finalmente, será el Gobierno el que tome la decisión final, la cual se publicará en el BOE “en un plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento”.
El Gobierno tendrá en cuenta criterios como “la inclusión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación”
Según subrayó el Ministerio de Política Territorial, se llevará a cabo “un proceso objetivo y competitivo” que tendrá en cuenta criterios como “la inclusión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación”. Por su parte, las candidaturas podrán “ceder bienes e inmuebles, asumir costes financieros del traslado o creación de la sede y/o plantear medidas de apoyo al personal trasladado”.
Por otro lado, y una vez se produzca la designación de la sede por parte del Gobierno, la Comisión consultiva elaborará un informe anual “sobre la aportación de las sedes a la vertebración territorial y a la lucha contra la despoblación de las zonas más afectadas por el reto demográfico”.
¿DE QUÉ SE OCUPARÁ EL CENTRO?
Durante el proceso de información pública, Sanidad detalló que se crearía “un nuevo centro de salud pública con autonomía funcional, que ejerza las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”.
El Centro Estatal tendrá autonomía funcional, contará con personal "de la más alta capacitación científico-técnica" y apostará por una visión integrada de la salud pública
Igualmente, se especificaba que “se dotará con personal de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias”. En esta línea, aseguraban que será una institución “de excelencia” que aglutinará competencias “hasta ahora dispersas” como “la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española” así como “la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública y la coordinación de las respuestas”.
Al mismo tiempo, permitiría “consolidar un cambio de enfoque, pasando de una visión segmentada de los diversos aspectos de la salud pública a otra integrada, tanto funcional como institucionalmente”. De forma particular, proponían que trabaje tanto en vigilancia epidemiológica como en “asesoramiento técnico y científico, la evaluación de políticas sanitarias y de su impacto en la salud”.
Finalmente, se especificaba que la institución tendrá el cometido de desarrollar laRed de Vigilancia de la Salud Pública. En concreto, se apuesta por “crear una red integrada de sistemas de información que mejore la detección de eventos de salud pública y contribuya a la toma de decisiones en tiempo real, asegurando un funcionamiento autónomo y la transparencia necesaria en la gestión, análisis de datos y presentación y difusión de resultados”.