Pese a que varios representantes del Ministerio de Sanidad, entre ellos María Luisa Carcedo y Faustino Blanco, con la posibilidad de llevar al Consejo de Ministros diferentes iniciativas sanitarias para que puedan aprobarse antes de que acabe la legislatura, finalmente algunas de las más relevantes no van a pasar por allí antes de las elecciones.
Es el caso de la universalidad de la asistencia sanitaria y de la eliminación del copago a colectivos vulnerables. Sobre este asunto, la ministra de Sanidad ha cargado contra los grupos de la oposición por no facilitar la puesta en marcha de estas medidas por lo que ha emplazado su aprobación definitiva para la próxima legislatura.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Carcedo ha expresado que “este Gobierno ha hecho hasta donde ha podido, hasta el último segundo hemos intentado avanzar en mejoras para el conjunto de la ciudadanía y, sobretodo, para aquellos sectores que han sufrido más los efectos de la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo anterior. Donde no podemos llegar ya no podemos llegar, imposibles no podemos hacer”.
Más de 300 asociaciones, reunidas en Reder, han exigido a Carcedo que apruebe por vía de urgencia el reglamento del RD 7/2018 para evitar "numerosos casos de personas excluidas"
Sobre el fin del copago, la titular sanitaria respondió a preguntas de ConSalud.es sobre si estudiaba aprobarlo en Consejo de Ministros pese al rechazo de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La ministra subrayaba que “hay que conocer las capacidades que tiene la prórroga presupuestaria para poder abordar este nuevo gasto por parte del Sistema Nacional de Salud”.
Por su parte, la disolución de las Cortes Generales, prevista para el 5 de marzo, hará que decaiga la tramitación del proyecto de Ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Esta norma procede del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, impulsado por la exministra de Sanidad, Carmen Montón. No obstante, comunidades autónomas y colectivos de pacientes dudan de su efectividad.
MÁS DE 300 ASOCIONES RECLAMAN URGENCIA
Mientras, más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos, reunidos en la Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012 (Reder), han enviado una carta a María Luisa Carcedo en la que le exigen que se apruebe por vía de urgencia el reglamento del RD 7/2018 ya que entienden que sin él “se siguen produciendo numerosos casos de personas excluidas”.
Desde Reder creen necesario que esta acción se lleve a cabo “antes de la inminente disolución de las Cortes” para que se pueda garantizar el acceso al SNS “en las mismas condiciones y a todas las personas que se encuentren en el Estado español”. Pese a que consideran un “paso importante” la norma actual, la tachan de “insuficiente” ya que las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento.