Los grupos de la oposición esperaban este miércoles respuestas de la ministra de Sanidad sobre la eliminación del copago farmacéutico y la mejora de la financiación sanitaria. Sin embargo, María Luisa Carcedo ha condicionado su completo desarrollo al apoyo, y como consecuencia, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019.
En relación al primer asunto, tal y como ha publicado ConSalud.es en las últimas semanas, la ministra ha informado que “se ha iniciado un proceso de diálogo para la eliminación de las barreras económicas que suponen los copagos farmacéuticos, empezando por aquellas que afectan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad”.
Carcedo afirma que no está "en condiciones" de responder "en el asunto de la financiación sanitaria ni en el conjunto del sistema de financiación autonómica" porque "no es de mi departamento"
Asimismo, ha mencionado cómo el Defensor del Pueblo ha recomendado a Sanidad “que modifique la normativa del copago para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan”. Sobre ello, ha precisado que “es lo que el Ministerio logrará si ustedes colaboran con la aprobación de los nuevos PGE”.
Cabe señalar en este punto, que el Gobierno que dirige Pedro Sánchezha rebajado su idea inicial de eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas. En la negociación con Unidos Podemos, el ejecutivo socialista plantea al grupo que lidera Pablo Iglesias que sean los pensionistas de rentas inferiores a 9.000 euros al año no paguen nada por sus medicamentos. Mientras, la formación morada pide que se amplía a los 18.000 euros.
FINANCIACIÓN
Por otra parte, María Luisa Carcedo ha reconocido que el Ministerio de Sanidad se muestra “persuadido” de la “necesaria mejora de la financiación de todas las políticas y servicios en los sectores sanitarios”. No obstante, ha afirmado que no está “en condiciones” de responder “en el asunto de la financiación sanitaria ni en el conjunto del sistema de financiación autonómica” porque “no es de mi departamento”.
En su lugar, ha defendido que “buena parte de esta mejora depende de la aprobación de los PGE y previamente del techo de gasto”. Así, “lo que se pretende” con las próximas cuentas es “darle margen a las comunidades autónomas” con lo que se ha negociado en Bruselas: “2.500 millones de euros más de capacidad de gasto a las CC.AA. que son las gestoras de estos servicios tan fundamentales para el Estado del Bienestar”.