Carolina Dariasha dejado el que ha sido su cargo durante los últimos dos años y medio para lanzarse a la política municipal y dando paso a un nuevo ministro de Sanidad: José Miñones. Tras su marcha, han quedado pendientes algunas líneas con las que Darias se había comprometido durante su mandato. Una de las más importantes es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP).
El Consejo de Ministros aprobó esta creación hace casi ya dos meses, con el fin de “reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias”, como se describió por parte del Gobierno.
La agencia se planteó para reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias
Esta aprobación, además, se acogió al procedimiento de urgencia, por lo que su debate en la Comisión de Sanidad y posterior traslado al Senado sería más rápido que por la vía habitual. En estos momentos, según informa el Congreso, la ley se encuentra en el plazo de ampliación de enmiendas. Este intervalo terminaría en unos días, concretamente el próximo miércoles 5 de abril a las 18.00 horas.
Aunque los plazos en el futuro de esta tramitación aún no se conocen, lo que sí está claro es que será el nuevo ministro, Miñones, quien deberá hacerse cargo del proceso. Es por ello que algunas entidades del sector de la salud han aprovechado su nombramiento para solicitarle premura ante esta situación. Es el caso, por ejemplo, de la Organización Médica Colegial (OMC), cuyo presidente, Tomás Cobo, expresó que, desde el Colegio, se espera que el nuevo ministro de Sanidad haga realidad la Agencia Española de Salud Pública. En esta misma línea, se mostraron también los epidemiólogos, convirtiéndose en una de las principales demandas de estos profesionales al nuevo ministro.
CERTEZAS
A pesar de que las incógnitas siguen siendo muchas, por el momento, se conocen al menos los aspectos formales de la futura agencia. En primer lugar, estará adscrita al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaria de Estado y sus labores se centrarán en velar por el estado de salud de la población. La ley también prevé la creación de un Centro Estatal de Salud Pública.
La agencia trabajará, además, bajo la premisa de “una sola salud” (OneHealth). Este principio determina que “las actuaciones de salud pública seguirán un enfoque unificador e integrado que procure equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, reconociendo su estrecha relación e interdependencia, interpelando a múltiples sectores, disciplinas y comunidades a trabajar conjuntamente para promover el bienestar y neutralizar las amenazas para la salud y los ecosistemas”.
Asimismo, la AESAP deberá asumir el desarrollo y ejecución de las funciones técnicas del Ministerio de Sanidad en materia de vigilancia en salud pública haciéndose cargo de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, y acometiendo la reforma de la actual Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
En cuanto a su financiación, los últimos Presupuestos Generales del Estado ya incluyen una dotación a la agencia. “A través de fondos europeos para 2023, se han previsto 7,4 millones de euros, de los que un total de 3,2 millones de euros se destinarán para el equipamiento tecnológico de la Agencia Estatal de Salud Pública y 4,2 millones para la red de vigilancia en Salud Pública”, se refleja en los propios presupuestos.
Igualmente, en cuanto a su dotación laboral, se integrarán 49 perfiles procedentes del Ministerio de Sanidad y 13 del Instituto de Salud Carlos III. En total, 251 profesionales pasarán a formar parte de la AESP.
Finalmente, la forma jurídica prevista es la de agencia estatal, pues estará dotada de “personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión y facultada para ejercer potestades administrativas con mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados”. Así, explica el Gobierno, estará dotada de máxima independencia técnica, autonomía y flexibilidad en la gestión.
DUDAS
Aunque ya conocemos que la ley prevé el establecimiento de un Centro Estatal de Salud Pública, una de las principales dudas es la ubicación de esta sede. Por el momento, muchas ciudades han abierto sus puertas a albergar el centro pero, entre las candidaturas oficiales, sólo se encuentran Zaragoza, Granada y Salamanca. Además de estas candidaturas, también se han mostrado favorables la Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias y Castilla y León. En cualquier caso, será el Consejo de Ministros el que decidirá el futuro de esta sede.
Tampoco se conoce por el momento quién estará al frente de esta agencia. En una de sus últimas comparecencias, tras el consejo interterritorial del pasado 17 de marzo, Darias afirmó que "corresponde a las cortes generales la aprobación de la agencia y, cuando se apruebe su estatuto, "serán el Ministerio de Hacienda y el de Sanidad", quienes fijen las condiciones para el personal que va a dirigir el centro.
La principal incógnita continúa siendo la fecha en la que esta agencia se materializará finalmente, aunque el Gobierno se mostró decidido a cumplir esta iniciativa antes del final de la legislatura.