Esta semana se cumple un año desde que Dolors Montserrat tomara posesión como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Fue el 4 de noviembre de 2016 cuando esta abogada de profesión, catalana y diputada por el Partido Popular asumió la cartera sanitaria, sucediendo así a Fátima Báñez y Alfonso Alonso tras un periodo de Gobierno en funciones y varias convocatorias electorales.

Uno de los adjetivos que han acompañado a la ministra en este primer año de gestión ha sido el de “dialogante” y “persona de consenso”. Esta calificación se ha convertido en necesaria en un contexto en el que han proliferado en el arco parlamentario nuevas formaciones políticas, impidiendo así que el Gobierno pudiera aprobar medidas sin un mínimo de apoyo parlamentario, a diferencia de lo ocurrido en la legislatura anterior.

La oposición le recrimina que no se haya avanzado en las promesas del inicio de legislatura; las CC.AA. le critican que no haya convocado un Interterritorial monográfico de financiación

No obstante, tanto partidos políticos como profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes se han mostrado escépticos con dicha actitud, ya que entienden que en el fondo no ha servido para acometer grandes reformas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). De hecho, el principal logro en materia sanitaria alcanzado en estos 365 días en el Ministerio ha llegado hace apenas una semana, con el acuerdo entre profesionales de Medicina y Enfermería sobre la prescripción enfermera, asunto que estaba pendiente de resolver desde 2006.

En materia profesional, también se ha avanzado en el desarrollo del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Desde el punto de vista de los pacientes, los acuerdos más sonados beneficiarán a las víctimas por la talidomida y a los afectados de Hepatitis C. En el primero, se está a la espera de la creación de un registro nacional de víctimas pero ya se duda que puedan empezar a recibir compensaciones en 2018. Mientras, en el último Consejo Interterritorial se acordó ampliar el tratamiento a los pacientes con grado F0 y F1, aunque las CC.AA. han exigido al Ministerio un mayor porcentaje de financiación.

CUESTIONES POR RESOLVER

Estos avances, sin embargo, no olvidan otros asuntos anunciados por Dolors Montserrat al principio de la legislatura. Entre ellos, una legislación específica para prevenir el consumo de alcohol en menores, cuestiones relacionadas con la prevención y promoción de la salud o la creación de un nuevo mapa de recursos y prestaciones sociosanitarias.

Por otra parte, partidos, profesionales y pacientes le han instado a la ministra de Sanidad a que aborde próximamente asuntos como la universalidad en la asistencia sanitaria, el RD 16/2012 y el copago farmacéutico, el RD de troncalidad o una mejor coordinación para aprobar la OPE sanitaria y afianzar la calidad en el empleo sanitario.

La ministra ha sido una de las portavoces del Gobierno más activas en el conflicto catalán; con respecto a la EMA, el asunto se ha convertido en arma arrojadiza con la Generalitat

Mientras, la mayoría de CC.AA. criticaron su tardanza en convocar su primer Consejo Interterritorial, el cual llegó siete meses después de su toma de posesión. A la espera del convocado para el mes de noviembre, la principal exigencia de las consejerías sanitarias ha sido la celebración de un pleno monográfico sobre la financiación económica del SNS. Sin embargo, este está aún por llegar.

CATALUÑA Y LA EMA

Uno de los asuntos que más han influido sobre la gestión de Dolors Montserrat en Sanidad ha sido el conflicto catalán derivado del desafío independentista. La ministra ha sido una de las portavoces del Gobierno más activas en este asunto, hecho que ha acabado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española sobre la autonomía de Cataluña, el cese del consejero de Salud catalán, Antoni Comín, y la toma de control de Montserrat de la sanidad catalana, previa a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Además, lo que en un momento se vio como la unidad entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento en torno a la candidatura de Barcelona para ser sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el conflicto manifiesto entre administraciones ha terminado por convertir este asunto en un arma arrojadiza entre las partes. Por este motivo, se duda que finalmente la Comisión Europea nombre a Barcelona como sede de la EMA.