Las personas con discapacidad pueden tener dificultades para acceder al mercado laboral o para recibir la asistencia sanitaria que necesitan y, en definitiva, participar con igualdad en la sociedad puede ser también más difícil, situación que ha empeorado tras la pandemia del coronavirus. Bajo esta premisa, el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado una nueva auditoría sobre el impacto que tiene el apoyo de la Unión Europea a las personas con discapacidad para determinar si las acciones de la Comisión apoyan eficazmente a las personas con discapacidad. La repuesta es clara: “la repercusión de estas acciones es limitada”.
“En general, los principales indicadores de igualdad de las personas con discapacidad no han mejorado de manera significativa en los últimos años”, según ha determinado el TCE. Dentro de Europa, un 25% de personas de 16 años vive con algún tipo de discapacidad, lo que supondría, en total, casi 100 millones de personas. Además, con el cambio demográfico que estamos afrontando y teniendo en cuenta que las personas de 65 o más años pasaran de ser un 20% de la población en 2019, al 30% en 2070, los datos de personas con discapacidad irán en aumento. “Las mismas proyecciones”, se informa en el documento, “muestran un aumento del número de personas que necesitarán cuidados de larga duración”. Esta cifra pasará de 30,8 millones en 2019, a 33,7 millones en 2030, y a 38,1 millones en 2050, lo que “agravará” la presión sobre los sistemas sanitarios.
De hecho, la autopercepción de las limitaciones en las actividades habituales debido a problemas de salud crece según aumenta la edad. Dentro de los grupos de edades desde los 16 años y hasta los 44, las personas que tienen la percepción de que sufren estas limitaciones por problemas de salud no llegan al 20% en los hombres ni tampoco en las mujeres. Sin embargo, casi la mitad de las personas de entre 75 a 84 años sí que perciben estas limitaciones.
Con la crisis del coronavirus, los obstáculos incluso han empeorado
Las barreras que enfrentan estas personas son numerosas y, como se determina en este informe, las políticas que se han estado llevando a cabo no han mejorado mucho la situación. Al contrario: con la crisis del coronavirus, los obstáculos incluso han empeorado. “A menudo, las personas con discapacidad perciben que sus necesidades sanitarias no se atienden (debido tanto a la indisponibilidad de citas como al coste)”, hace referencia el TCE. Unido a ello, “con frecuencia sufren situaciones de aislamiento social o refieren una mala salud mental y un escaso bienestar”, se alerta.
Si bien se han estado formulando políticas al respecto en los últimos 15 años en toda la unión (incluida la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030), el alcance todavía no es suficiente. Concretamente, el informe destaca “una laguna” dentro de la estrategia europea “encaminada a garantizar la igualdad de trato de las personas con discapacidad en los ámbitos de la protección social, o la asistencia sanitaria”. De esta manera, la estrategia “aborda la mayoría de las deficiencias identificadas en la evaluación de su predecesora (estrategia 2010-2020), pero siguen sin resolverse varios problemas fundamentales”.
La financiación también tiene un papel importante dentro de este ámbito. Según Eurostat, el gasto medio nacional en políticas para la discapacidad ronda el 2,2% del PIB. En casos concretos como el de España, el porcentaje es del 1,8%, por debajo de esta media y bastante alejado del 5% que se da en Dinamarca (país con el mayor gasto), pero muy por delante de Malta (país con menor gasto), que presenta un 0,6%. No obstante, y como advierte el documento, “el apoyo a las personas con discapacidad varía en función del lugar de residencia de dicha persona en el país”.
El apoyo a las personas con discapacidad varía en función del lugar de residencia de dicha persona en el país
En nuestro caso, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social garantiza el “derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”. Pero, como la asistencia es competencia de las comunidades, y dado que estas han promulgado leyes y normas regionales específicas, “las prestaciones y los servicios de asistencia por discapacidad difieren en función de la comunidad autónoma en la que resida la persona”. Ocurre lo mismo en lugares como Países Bajos o Suecia, donde la principal responsabilidad de la ejecución y la financiación del apoyo a las personas con discapacidad corresponde a los municipios y las regiones y provincias.
Además, y como ya se ha hecho referencia, el informe destaca la cómo la crisis sanitaria derivada de la pandemia empeoró significativamente algunos indicadores. Provocó, por ejemplo, “el acceso limitado a servicios de salud, habilitación y rehabilitación debido al cierre de muchos servicios”, o que se diera “un número desproporcionado de fallecimientos en comparación con las personas sin discapacidad”.
Otra de las grandes observaciones que se destacan en la auditoría, es que Europa no tiene una visión global de las personas con discapacidad. En España, por ejemplo, se habla de personas con “discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que puedan obstaculizar la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas”, y para determinar la discapacidad, la evaluación se basa en un enfoque multidisciplinar que incluye la evaluación de la discapacidad médica, psicológica y laboral, y el umbral para otorgar la condición de discapacidad certificada es del 33%. En el caso de Suecia, se habla de “deterioro funcional de la capacidad física, mental o intelectual”, y para determinarlo “la condición se evalúa de acuerdo con las necesidades individuales en cuanto a ayuda, y depende de la condición física o psicológica de la persona”. Con estos datos encima de la mesa, el Tribunal de Cuentas Europeo pide en consecuencia una mejora de la legislación y una mayor recopilación de datos para determinar la utilidad de todas las medidas.