El último informe del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial (OMC) revela que, en el año 2017, se notificaron un total 515 nuevos casos, frente a los 495 del año anterior, lo que suponía un incremento del 4%.
Por autonomías, el trabajo sitúa a Andalucía como la región con más casos: 117 agresiones. Así, a la citada comunidad le siguen otras como Cataluña, con 98 casos. En el plano opuesto, la investigación de la corporación médica revela que Navarra (1), La Rioja (3), País Vasco (4) y Aragón (4) son las autonomías que menos agresiones registran.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el Plan Perseo, un programa para actuar ante este tipo de sucesos
Si bien es cierto que todavía no se conocen los datos correspondientes a 2018, todos los expertos coinciden en que las agresiones se han convertido en una realidad semanal en el Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que se hace necesario poner sobre la mesa una problemática que aumenta cada año.
Como respuesta, algunas administraciones como el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el Plan Perseo, un programa para actuar ante este tipo de sucesos. De igual modo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ofrece a sus profesionales asesoramiento jurídico ante las agresiones sufridas en consulta.
No obstante, iniciativas como esta no son un caso aislado. Y es que la mayoría de las comunidades autónomas disponen de medidas específicas para actuar frente las agresiones como, por ejemplo, el protocolo de la Región de Murcia aprobado en 2010, el de Andalucía editado en 2015, el impulsado por el Colegio Oficial de Médicos de Burgos o el diagrama para la resolución de conflictos laborales para el Ingesa, estos dos últimos ratificados en 2018.
El interlocutor policial sanitario busca adoptar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir y reducir el riesgo de la comisión de posibles actos violentos
Por su parte, el antiguo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con el Ministerio del Interior, presentaron en 2017 una serie de medidas para paliar esta problemática que incluía la figura del interlocutor policial sanitario, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Este agente, integrado tanto en el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) como en la Guardia Civil, tiene como propósito principal el asesoramiento a los centros sanitarios que lo soliciten con el fin de adoptar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir y reducir el riesgo de la comisión de posibles actos violentos.