El ministerio de Sanidad ha acordado este lunes, junto a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y las comunidades autónomas, una nueva hoja de ruta sobre la atención temprana. Las comunidades han votado en el pleno extraordinario conjunto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). No obstante, no todas las comunidades han votado de manera favorable.
Y es que, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha votado en contra al considerar que se trata de una medida "electoralista" ante la cercanía de los comicios generales del próximo 23 de julio.
El acuerdo establece ocho actuaciones: la implementación de sistemas eficaces de coordinación interadministrativa y con las familias; la implementación de procesos eficaces de colaboración y participación activa de las familias; así como planificar, dimensionar y articular fórmulas de financiación adecuadas para los equipos, centros y servicios de atención temprana en función de la población a atender, teniendo en cuenta una base territorial y comunitaria bien definida; y facilitar el acceso temprano y de calidad a los servicios de atención temprana.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha votado en contra al considerar que se trata de una medida "electoralista" ante la cercanía de los comicios generales del próximo 23 de julio
Además, se ha acordado garantizar la valoración e intervención integral, cuidando que las actuaciones que se desarrollen sean; mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de la atención temprana; ofrecer más y mejores oportunidades de formación a las y los profesionales implicados en el proceso de Atención Temprana y optimizar los sistemas de información y registro.
La medida ha contado con la oposición de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Desde el Ejecutivo madrileño se ha subrayado que el documento de debate presentado estaba "incompleto" y, además, han censurado que se aborde justo en un momento previo a la cita con las urnas, algo que ven "electoralista". Igualmente, la Comunidad de Madrid ha indicado además que la mayoría de los consejeros presentes en el encuentro no van a continuar al frente de sus carteras con los nuevos parlamentos surgidos tras los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo.
EL RESTO DE COMUNIDADES GOBERNADAS POR EL PP, TAMBIÉN EN CONTRA
Castilla y León también ha votado en contra del documento al considerar que se trata de un texto "general" y sin "concluir". Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales han votado en contra del documento que ha presentado el Gobierno en el Pleno Extraordinario conjunto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Para el Gobierno de Castilla y León la hoja de ruta presentada este lunes por parte del Ministerio de Sanidad es un "documento general, sin concluir", además, las consejerías han señalado que la convocatoria de este Pleno "se ha realizado de modo extemporáneo y en una situación en la que doce gobiernosautonómicos se encuentran en funciones".
Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Andalucía se habrían pronunciado en contra de la aprobación
En encuentro se ha celebrado de modo telemático con un único punto del orden del día, la aprobación de una hoja de ruta para la mejora de la atención temprana en España. Así, desde la Junta se ha recordado que el compromiso de la Comunidad con la atención temprana "está ratificado". "El apoyo a los menores y sus familias en la Comunidad tiene carácter público, universal, gratuito y sin lista de espera", han zanjado desde la Junta.
De hecho, todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han votado en contra de la puesta en marcha de la hoja de ruta para la mejora de la Atención Temprana de los menores en España. En el encuentro, Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Andalucía se habrían pronunciado en contra de su aprobación.