Tal y como se esperaba, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el Real Decreto-Ley del Gobierno por el que se desbloquea el envío de 4.682 millones de euros a las comunidades autónomas, correspondiente a la actualización de las entregas a cuenta, con los que se podrá garantizar la prestación de los servicios públicos, como la sanidad. La medida ha sido validada con 60 a favor y una abstención.
Para su defensa ha intervenido María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, quien ha subrayado durante su discurso el carácter “extraordinario” de esta medida al hacerse a través de un Gobierno que no está en plenas capacidades y al darse una situación de prórroga presupuestaria.
La ministra de Hacienda ha instado a avanzar para que "los presupuestos autonómicos no dependan de los Presupuestos Generales del Estado o de que el Gobierno esté en plenas capacidades"
Montero ha defendido que este RD “sirva de orientación futura para el próximo modelo de financiación autonómica” de manera que “los presupuestos autonómicos no dependan de los Presupuestos Generales del Estado o de que el Gobierno esté en plenas capacidades”. Asimismo, ha indicado que se ha actuado “para que no suponga un menoscabo en la prestación de los servicios públicos de las comunidades autónomas”.
CRÍTICAS DE ELECTORALISMO
A pesar del apoyo generalizado, a excepción de la abstención de la diputada de EH Bildu, Montero se ha encontrado con las críticas de todos los grupos de la oposición al entender que el momento de su aprobación tiñe la actuación de cierto “electoralismo”, por aprobarse a escasas semanas de las elecciones generales del 10-N.
La mayoría de grupos de la oposición han criticado el carácter electoral de la aprobación del RD por parte del Gobierno, al producirse muy cerca de las elecciones del 10-N
Por ejemplo, Joan Baldoví (Compromís), quien ha subrayado que “se podía y se debería haber hecho antes”, o Laura Borrás (JxCat), quien ha rechazado que la entrega económica se vaya a realizar en “los meses posteriores a la aprobación del RD” y no de manera inmediata”. Asimismo, Antonio Gómez-Reino (UnidasPodemos) ha acusado al Gobierno de haber “jugado con el dinero de todos”.
También ha expuesto sus reproches Marcos de Quinto (Ciudadanos), indicando al Gobierno que “no pueden escudarse en su interinidad para determinar la entrega de un dinero que es de las CC.AA.”. Mientras, Mario Garcés (PP) ha denunciado que la medida aprobada es “el final de una escapada”, al considerar que debería haberse aprobado antes. Por su parte, Patricia Blanquer, del PSOE, ha defendido la iniciativa es “justa, sobresaliente y nada despreciable”.
POR COMUNDIADES AUTÓNOMAS
El reparto de los 4.682,29 millones de euros es el siguiente, ordenado de mayor a menor volumen de cantidad económica: Cataluña (875,33 millones de euros); Andalucía (831,98); Comunidad de Madrid (679,25); Comunidad Valenciana (460,43); Galicia (334,02); Castilla y León (298,12); Castilla-La Mancha (226,31); Canarias (206,74); Aragón (162,56); Extremadura (134,85); Región de Murcia (130,20); Asturias (123,76); Baleares (101,63); Cantabria (75,80), La Rioja (39,32); Ceuta (1,10); y Melilla (0,88).