El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como la ley del ‘sólo sí es sí’. Se tarta de una propuesta normativa, una de las banderas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque consensuada entre cinco ministerios, trata de erradicar las violencias sexuales y proteger a las mujeres así como el derecho a su libertad sexual desde distintos ámbitos.
Según el texto aprobado, al que ha tenido acceso ConSalud.es, la norma cuenta con capítulos exclusivos dedicados a la prevención y sensibilización en el ámbitosanitario, a la detección de las violencias sexuales y la intervención desde la sanidad pública o a la formación de los profesionales sanitarios sobre este asunto. Así, la ley implica a todas las administraciones sanitarias, desde el Ministerio de Sanidad a las comunidadesautónomas.
El Consejo Interterritorial promoverá medidas para prevenir y sensibilizar sobre las violencias sexuales a las personas usuarias de los recursos sanitarios
En lo que respecta a la prevenciónysensibilización en el ámbito sanitario, se indica que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud “promoverán la adopción de medidas para la prevención y sensibilización de las violencias sexuales sobre las personas usuarias de los recursos sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales”.
Junto a ello, las administraciones correspondientes deberán impulsar distintas campañas de concienciación y de información. Para que éstas sean “accesibles a la población”, se priorizará su divulgación “en los medios de comunicación de titularidad pública y en los centros educativos, sociales, sanitarios, laborales, culturales y deportivos”. Además, el ámbito sanitario colaborará en la difusión de contenidos sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado.
PROTOCOLO DE ACTUACIONES SANITARIAS
Una vez se apruebe de forma definitiva la ley, la sanidad pública tendrá un papel crucial en la detección de las violencias sexuales y en la intervención. De nuevo desde el Consejo Interterritorial, las administraciones sanitarias “promoverán la adecuada formación del personal sanitario y no sanitario para la detección de las violencias sexuales”.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas deberán tomar medidas para “optimizar la contribución del ámbito sanitario para la detección y respuesta frente a las violencias sexuales”. Como primer paso, en los Planes Nacionales de Salud que procedan se incorporará “un apartado de prevención, detección e intervención integral” frente a estas violencias.
Sanidad y CC.AA. realizarán un Protocolo Común de Actuaciones desde los servicios sanitarios en materia de violencias sexuales con pautas de detección e intervención
Por otra parte, será la Comisión contra la Violencia de Género del Interrritorial el órgano que de apoyo técnico y oriente “las medidas sanitarias necesarias” para implementar lo dispuesto. También se encargará de la “evaluación y proposición de las medidas necesarias para que el sector sanitario contribuya a la prevención, detección y respuesta diligente frente a estas violencias”.
Precisamente esta Comisión elaborará, junto al Observatorio de Salud de las Mujeres, “un Protocolo Común de Actuaciones desde los servicios sanitarios en materia de violencias sexuales que incluya pautas de detección e intervención”. La ley fija que dicho protocolo será “el marco desde el que actualizar y mejorar los protocolos sanitarios autonómicos existentes” en busca de una “actuación homogénea y adecuada del personal sanitario” en el conjunto del país.
FORMACIÓN CONTINUA DE LOS SANITARIOS
En el capítulo referido a la formación del sector sanitario sobre este asunto, el texto aprobado establece que las administraciones competentes “se asegurarán de que los planes de formación continua de las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud y de la red de Servicios Sociales incluyan temas dedicados a la sensibilización y formación en materia de prevención, detección y actuación en casos de violencias sexuales, así como en el tratamiento de las víctimas de violencias sexuales y sus derechos”.
Las administraciones públicas deberán promover una “asistencia integral especializada y accesible” en coordinación con los servicios sanitarios
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y AYUDAS
A nivel asistencial, las administraciones públicas deben promover una “asistenciaintegralespecializadayaccesible” a través de servicios como: centros de crisis 24 horas; servicios de recuperación integral; de atención a víctimas de trata y explotación sexual; y de atención a niñas y niños. En ellos tendrá un papel importante la atención psicológica y actuarán de forma coordinada con los servicios sanitarios.
Por otra parte, el capítulo referido al “derecho a la reparación” incorporada posibilidad de que establezcan ayudas complementarias “a las víctimas que, por la especificidad y/o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia, no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación, quienes podrán recibir ayudasadicionales para financiar los tratamientossanitariosadecuados, incluyendo los tratamientos de reconstrucción genital femenina, si fueran necesarios”.