Hace algo más de tres años el Congreso de los Diputados se unió para dar luz verde a una de las mayores reivindicaciones de los pacientes: la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Una normativa que regulaba la muerte asistida en nuestro país, y que este martes cumple sus primeros tres años de vida.
Casi un mes después de esta entrada en vigor, una mujer de 86 años del País Vasco, el 2 de agosto de 2021, recibió por primera vez en nuestro país este procedimiento. Esta ley se conjugó "para dar respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia", como se explica desde el Ministerio de Sanidad, y está avalada por el Tribunal Constitucional. Además es una prestación que está incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y por lo tanto es de financiación pública.
Desde que la normativa entrase en vigor, y según los datos de la entidad 'Derecho a Morir Dignamente', se han recibido más de 1.000 peticiones para acogerse a esta ayuda, y se ha procedido a prestar este servicio a más de a más de 370 personas. Igualmente, esta entidad considera que "es de esperar que la cifra crezca en los próximos años".
Es una prestación que está incluida en la cartera común de servicios del SNS y por lo tanto es de financiación pública
Con estos datos, desde DMD se apunta que la eutanasia supuso menos del 0,07% del total de fallecimientos del 2022, mientras que en otros países de nuestro entorno estas cifras van desde un 1% a un 4%. Si atendemos a los datos oficiales del ministerio, en todo el año 2022 se registraron 576 solicitudes para la prestación de ayuda para morir en todo el territorio nacional.
Vemos que la mayor parte de estas solicitudes se registraron en Cataluña, con 175. En cuanto al resto, vemos 62 en Madrid, 46 en la Comunidad Valenciana, y otras 46 en Andalucía. Les siguen País Vasco con 40, Aragón con 26, Castilla-León con 25, Islas Baleares con 22, Canarias con 21, Castilla-La Mancha con 20, Navarra y Asturias con 19, Galicia y Cantabria con 17, Extremadura con 11, y Murcia y La Rioja con 5. En Ceuta y Melilla, por otro lado, no se produjeron peticiones.
No obstante, todas estas solicitudes no llegaron a término. De hecho, de las 576 solicitudes, la prestación se concedió en 288 casos, es decir, la mitad de las veces. Los porcentajes más altos de concesión los tenemos en La Rioja con un 80% (se concedió a 4 de 5 solicitantes); Navarra con un 68% (13 de 19); y Madrid con un 61% (38 de 62). Por el lado contrario, tenemos las tres comunidades en las que menos solicitudes se han llevado a término. Serían Extremadura (27%), donde se realizaron 3 de 11 procedimientos solicitados; Islas baleares (27%) con 6 de 22; y Aragón (30%), con 8 de 26.
La edad de quienes lo demandan oscila entre los 29 y 97 años de edad
Si nos fijamos en los solicitantes de la ayuda para morir, la edad de quienes lo demandan oscila entre los 29 y 97 años de edad. La media de edad fue de 66,37 años para la mujeres y 67,32 años para los hombres. Hasta cuatro menores de 30 años la solicitaron, aunque la mayor parte de peticiones se concentran entre los 60 y los 79 años (243).
Por otro lado, al preguntarnos las causas de estas peticiones, vemos que en 205 de los casos (35,59%) se trató de enfermedades neurológicas, seguidas de 192 (33,33%) enfermedades oncológicas y otras 40 (6,94%) a causa de pluripatología orgánica severa. Además, hay otras 16 (2,77%) registradas como enfermedades respiratorias, 7 (1,21%) como cardiológicas y 68 (11,80%) como otras enfermedades no especificadas.
En definitiva, y como se reclama desde DMD, si bien dos años después esta prestación ya es un derecho en España, todavía quedan algunos retos por delante, como una mayor coordinación público-privada, una mejora de los plazos máximos, o un mejor manejo de la objeción de conciencia.