“Hasta que no vemos aprobadas las leyes no nos fiamos ni damos lugar a la alegría”. Estas son las palabras que Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y presidenta de AEAL Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, ha dedicado a Consalud.es tras desencadenarse la serie de consecuencias que ha producido la convocatoria extraordinaria de elecciones generales para el 23 de julio, como el incremento del retraso de la ley de Equidad.
Los pacientes entienden la situación política actual, al mismo tiempo que comprenden que tras la disolución de las Cortes Generales, ninguna ley puede ser aprobada. Pero lo lamentan. “Son esperas largas a leyes necesarias. Cuando las anuncian nos alegramos, pero hasta que no lo las aprueban no lo creemos”, indica Barragán.
La convocatoria de elecciones ha paralizado esperadas leyes que tardarán meses en recuperar el recorrido conseguido. Estas normas son: la Ley del derecho al olvido oncológico, que se iba a aprobar ahora en junio; la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, una prioridad de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS); la reforma del Estatuto Marco, que lleva meses negociándose entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad; la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, o la Agencia Estatal, que se ha quedado paralizada; y la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el Sistema Nacional de Salud, parada desde hace meses en el Parlamento.
Una ley que “blinde la sanidad pública” y de respuesta a las carencias y debilidades del SNS, como son la falta de equidad en la sanidad nacional
En septiembre de 2022 el Congreso de los diputados rechazó las dos enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad del SNS impulsado por el Gobierno. El texto continúo entonces su tramitación parlamentaria, pero las diferencias sobre la colaboración público-privada del SNS que tienen los diferentes partidos que conforman el hemiciclo nacional no permiten llegar a la aprobación de esta norma. Está paralizada en la Comisión de Sanidad. Lo que para los pacientes supone un duro golpe.
CAMBIO DEL SNS
Los nuevos tiempos, la mayor demanda, las nuevas tecnologías, el empoderamiento de los pacientes… Todos los cambios que están produciéndose en Sanidad precisan de una ley general que les dé respuesta. Una ley que “blinde la sanidad pública” y de respuesta a las carencias y debilidades del SNS, como son la falta de equidad en la sanidad nacional, con diferencias ya no solo por autonomías, sino también en hospitales; un acceso universal al diagnóstico, tratamiento, abordaje integral de las diferentes patologías existentes, y, en definitiva, un SNS cohesionado.
La Ley fue dada a conocer por el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2021. La entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló que la nueva ley que modificaba la de 1997 fortalecía el carácter público de la Sanidad, pero no lo suficiente para sus socios de Gobierno, Unidas Podemos. También mantenía el modelo de mutualismo administrativo, y se daba más protagonismo a los pacientes, con la inclusión de los representantes de los pacientes en los órganos vinculados al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Barragán: “Llevamos más de un año esperando a la aprobación de esta ley. Ahora tendremos que seguir esperando por la aprobación de estos derechos que tanto necesitamos”
Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) aplaudieron la incorporación de los pacientes en el Foro Abierto de la Salud. En febrero, Carina Escobar, presidenta de la POP, señaló que esta ley supone “un gran avance tanto para las personas con enfermedad crónica como para sus familiares y cuidadores”. “La aprobación de la ley permitiría a las asociaciones de pacientes actuar como un agente social y sanitario más y participar de una manera activa en las políticas sanitarias de la mano del propio Ministerio de Sanidad”, afirmó entonces Escobar. En un nuevo comunidad, la POP denuncia, además, que este retraso “demora la oportunidad para ampliar y reconocer los derechos de personas con enfermedades crónicas”.
Para los pacientes esta es una ley esencial con la que dar respuesta al colapso y desbordamiento que tras la pandemia se ha agravado en el Sistema Nacional de Salud. Con ella se resuelve, además, muchas de sus reivindicaciones históricas de los pacientes en cuanto a acceso, universalidad y participación en las decisiones, como recuerda Begoña Barragán. “Llevamos más de un año esperando a la aprobación de esta ley. Ahora tendremos que seguir esperando por la aprobación de estos derechos que tanto necesitamos”, concluye la presidenta de GEPAC por teléfono.