El 2024 toca a su fin con una serie de importantes avances para la sanidad pública. Durante los últimos doce meses el Ministerio de Mónica García se ha esmerado en avanzar en diferentes frentes como el de la dotación de más plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), la aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, la creación de la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias o la aprobación de la Ley ELA tras muchos años de espera, entre otras destacadas iniciativas.
La falta de profesionales sanitarios en España es uno de los más relevantes retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud (SNS). Con el fin de revertir la falta de plantillas, el Ministerio de Sanidad aprobó este curso la convocatoria de 11.943 plazas de FSE. De las que 9.007 serán destinadas a Medicina (MIR), 2.171 para Enfermería (EIR), 352 para Farmacia (FIR), y 274 para Psicología (PIR). Unas cifras que suponen un aumento del 40% respecto a las planteadas en 2018. Asimismo, se ampliaron las plazas universitarias de nuestro país en el campo de la sanidad.
ATENCIÓN PRIMARIA Y PROTOCOLO DE OBJETORES
Este mismo mes de diciembre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó también el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, un proyecto que busca fortalecer y modernizar este nivel asistencial en España. Para definir la estrategia se han tenido en cuenta factores como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de servicios de salud.
El Ministerio de Sanidad y las distintas consejerías de Salud autonómicas dieron luz verde al protocolo que regula el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
Este plan introduce además la figura del "administrativo en salud" y contempla la incorporación de otros profesionales, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, trabajadores sociales, podólogos, ópticos/optometristas y farmacéuticos, a los diferentes equipos de Atención Primaria. Asimismo, se establecerá un sistema de evaluación y seguimiento para monitorizar el progreso del plan y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
En ese mismo foro, el Ministerio de Sanidad y las distintas consejerías de Salud autonómicas dieron luz verde al protocolo que regula el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Un protocolo que tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, al mismo tiempo que se asegura el acceso a la IVE en todo el territorio nacional. Todo ello, garantizando la protección de los datos de estos profesionales de la salud.
ESPECIALIDAD DE URGENCIAS Y APUESTA INVESTIGADORA
Otro de los avances más reseñables de 2024 ha sido la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Un ámbito asistencial que ha experimentado un aumento en su complejidad en todos los países de la Unión Europea, haciendo necesaria la adopción de competencias específicas para estos sanitarios. Para ello, se dispondrá de un nuevo programa formativo para la especialidad y se han marcado las pautas del acceso extraordinario de profesionales que actualmente ejercen en estos servicios asistenciales.
Este último curso ha traído la esperada aprobación de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible
La colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el de Ciencia, Innovación y Universidades, ha avanzado también en la Alianza del PERTE para la Salud de Vanguardia. Una estrategia global que planea destinar alrededor de 2.000 euros al ámbito empresarial para la creación o consolidación de Unidades de Investigación Clínica, así como proyectos de investigación de medicina personalizada de precisión y en enfermedades raras y patologías neuromusculares.
Finalmente, pero no menos importante, este último curso ha traído la esperada aprobación de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible (Ley ELA). Una norma que recoge diferentes ayudas económicas y asistenciales para todos los pacientes afectados por esta patología degenerativa sin cura, así como para sus familias y cuidadores. Todo ello, eso sí, pendiente de ponerse definitivamente en marcha este 2025.