Hace años que la administración tomó consciencia de la vulnerabilidad a la que se enfrenta día a día el personal sanitario en el ámbito de su profesión. Ante el incremento de las agresiones a los profesionales, Gobierno y comunidades autónomas han impulsado acciones como campañas de sensibilización, protocolos de actuación o la creación de la figura del interlocutor policial en todo el territorio nacional.
Pese a ello, los últimos datos recabados por los representantes de los profesionales y por el propio Ministerio de Sanidad muestran que los actos de violentos no paran de aumentar. De hecho, con la pandemia del Covid-19 crecieron este tipo de sucesos: en 2021 se notificaron 10.170 agresiones en todo el Sistema Nacional de Salud. Además, han alertado que la cifra real de agresiones “puede ser superior a la observada”.
El PP plantea que sea accidente laboral cualquier acto violento en el sector que "conlleven consecuencias para la vida o para la salud física o psíquica del personal sanitario, de carácter permanente o transitorio"
En este contexto, el Congreso de los Diputados ha recibido una propuesta legislativa ideada para acabar con esta situación. Se trata de la Proposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario, registrada por el Partido Popular en abril y que será sometida al debate de toma en consideración el próximo martes, 20 de diciembre, en el pleno de la Cámara Baja.
La iniciativa, que aparece con la firma de la portavoz del PP, CucaGamarra, plantea crear “un marco regulatorio específico” que sea capaz de proteger a los profesionales sanitarios “y ofrezca y refuerce su seguridad”, tanto en el sector público como en el privado. Los populares lamentan que pese a las muchas iniciativas impulsadas “el problema de la violencia contra el personal no desaparece”.
ACCIDENTE LABORAL, REGISTRO NACIONAL Y NOTIFICACIÓN
Según el texto presentado, al que ha tenido acceso ConSalud.es, se considerará como violencia en el ámbito sanitario a “cualquier acto o intento de agresión física o verbal, sea en su variante de amenaza, coacciones, insultos o injurias, sufridos en el centro sanitario y durante el tiempo de trabajo”.
Los populares plantean que cada servicio de salud o empresa cuente con un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario con “sustantividad propia” y con un mínimo de acciones
Por ello, el artículo 10 propone calificar comoaccidente laboral a los actos violentos que se lleven a cabo en el ámbito sanitario y que “conlleven consecuencias para la vida o para la salud física o psíquica del personal sanitario, sean de carácter permanente o transitorio”. Además, se insta al Ministerio de Sanidad a crear un Registro Nacional de actos de violencia en el que estén registrados “todos los actos de violencia” notificados, así como “la identificación de la víctima y del agresor”.
Y para notificar estas agresiones, el PP ha planteado un método: la persona víctima deberá informar de los hechos “de forma inmediata y, a más tardar, dentro de las 24h siguientes”; tras ello, presentará un formulario específico ante el Servicio de Prevención y de forma telemática, documento que contendrá los datos del trabajador, del agresor, del propio incidente y de las medidas de prevención existentes en el lugar.
PLAN DE PREVENCIÓN Y PERSONAL SENSIBLE
Para tratar de combatir estos actos violentos de forma previa, los populares plantean que cada servicio de salud o empresa cuente con un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario con “sustantividad propia” y con un mínimo de acciones: el compromiso del empleador para impulsar medidas de prevención; el compromiso del personal de involucrarse; una evaluación “integral” del riesgo de daños; un listado con las acciones a implantar; la revisión periódica de estos datos; y un estudio de los costes e impacto económico de estas situaciones.
A modo de propuesta, plantean que se implantan acciones tanto de carácter pasivo o estructural (como sistemas de viodeovigilancia y dispositivos de alarma sonoros), como de carácter activo (inclusión en la historia clínica del paciente de sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria), reactivo (tras producirse el acto violento), a nivel organizativo (reducir tiempos de espera, adecuar las ratios, evitar situaciones de estrés, etc.) y de formación e información para el personal.
La ley propuesta sugiere al empleador que suscriba un seguro que garantice a la víctima servicios jurídicos gratis y el resarcimiento económico de los perjuicios físicos o psíquicos derivados
Por otro lado, instan a que se garantice de forma específica “la protección del personal sanitario que, por sus características personales, físicas o situación de discapacidad, sea especialmente propicio a sufrir un acto de violencia”. Mientras, a quien sufra una agresión se le deberá garantizar el acceso al apoyo psicológico que precise y a un servicio que le facilite tramitar las denuncias que pudiera presentar. Además, también dan la posibilidad al profesional agredido a que solicite el traslado “a una plaza o puesto de trabajo en distinto centro, servicio o unidad”.
DELEGADO DE PREVENCIÓN, SEGURO COLECTIVO Y OBSERVATORIO
Otras medidas significativas que contempla la Proposición de Ley son el nombramiento de “Delegados de Prevención contra la violencia en el ámbito sanitario” que será asumido por “miembros del correspondiente órgano de representación unitaria de los trabajadores”. Además, sugieren que al empleador que suscriba un seguro que garantice a la víctima “la gratuidad de los servicios jurídicos que precise para su defensa y reparación del daño causado, así como el resarcimiento económico de los perjuicios físicos o psíquicos derivados del acto de violencia”.
Finalmente, y acompañado de la propuesta de impulso de campañas de sensibilización social cada dos años, el PP también anima a los ministerios de Trabajo y de Sanidad a crear un Observatorio Nacional contra la Violencia en el ámbito sanitario que publique informes periódicos y formule “cuantas propuestas entienda oportunas”.