Los partidos políticos ultiman en estos días sus programas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril mientras van dando algunas pinceladas de los asuntos en los que se centrarán si logran gobernar. Así, vuelven a proliferar promesas sanitarias como las que ya anunciaron en 2015 y 2016, muchas de las cuales no se han cumplido a pesar de que PP y PSOE han llegado a La Moncloa.
En la última legislatura, el Partido Popular de Mariano Rajoy ha gobernado desde 2016 hasta mediados de 2018, periodo en el que Dolors Montserrat ha dirigido el Ministerio de Sanidad. Para dichos comicios, los populares presentaron casi 50 medidas exclusivas para el ámbito sanitario, de las cuáles una buena cantidad no fueron puestas en práctica desde el Gobierno.
El baremo de indemnizaciones por daños de la actividad sanitaria, un nuevo modelo de financiación o el Plan Nacional de Reducción de Listas de Espera, propuestas del PP que no se han cumplido
Destacan, por ejemplo, la elaboración del Baremo de indemnizaciones por daños derivados de las actividades en el ámbito sanitario, una de las promesas de Montserrat que no llegaron a concretarse. De la misma manera, afirmaron que se realizaría un estatuto que regulara la condición de “persona enferma crónica” con el que se potenciara “la capacidad de decisión de los pacientes crónicos para afrontar su recuperación y la mejora de su calidad de vida y su bienestar emocional”.
En el ámbito territorial, el PP prometió “potenciar la figura del Consejo Interterritorial” actuando para dar “mayor relevancia a sus decisiones”. Además, aseguró que aprobarían “un modelo de financiación de la sanidad que garantice la cobertura de las necesidades reales y que tenga en cuenta la edad y la dispersión de la población”. A pesar de las intenciones, el Gobierno popular no logró reformar el sistema de financiación y tampoco aprobó un nuevo reglamento del Interterritorial.
En cuanto a planes sanitarios, los populares se comprometieron a presentar un Plan Nacional de Reducción de Listas de Espera y un Plan Nacional de Transparencia Sanitaria. Por una parte, aspiraban a agilizar “la respuesta sanitaria y la minimización de los tiempos de atención” y, por otra, establecer un programa “con los principales indicadores de estructura, proceso y resultado”. Sin embargo, ninguno fue puesto en marcha.
PSOE: DEROGACIÓN DEL RD 16/2012
Tras la moción de censura de Sánchez, asumieron la cartera sanitaria Carmen Montón y Luisa Carcedo. En los ocho meses que ha estado el PSOE en el Gobierno, los dirigentes sanitarios también han pasado por alto o no han logrado culminar acciones que incluyeron en el programa electoral que presentaron en 2016.
El PSOE planteó la inclusión de la Atención Temprana Infantil en la cartera básica de servicios del SNS, iniciativa que no ha sido puesta en marcha
Un ejemplo claro es el Real Decreto-Ley 16/2012. Los socialistas prometieron su derogación “con carácter inmediato a su llegada al Gobierno” para devolver el carácter universal de la asistencia sanitaria. A su vez, anunciaron que reconocerían en la Constitución el derecho a la protección a la salud “como derecho fundamental”. Ni una ni otra acción se puso en marcha. En su lugar, se ha aprobado un RD particular que finalmente no ha sido tramitado como proyecto de ley.
En 2016, la secretaria ejecutiva de Sanidad del PSOE ya era María Luisa Carcedo. Y en el programa electoral se proponía la inclusión de la Atención Temprana Infantil en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Otra propuesta era el desarrollo de mecanismos de financiación enfocados a la reducción de las listas de espera y el impulso de un proceso de evaluación independiente para seguir la calidad sanitaria. Estas dos, tampoco han sido iniciadas.
Otras medidas, por su parte, fueron anunciadas y aunque se han empezado, no se han finalizado aún. Es el caso de las ayudas para los afectados por la talidomida y la exigencia a Grünenthal para que compensen a las víctimas. Igualmente, los socialistas propusieron reponer el Fondo de Cohesión Sanitaria, dotándole de un “adecuado presupuesto”, y la revisión del copago farmacéutico. Mientras que esta última se incluía en los PGE, que fueron rechazados, la primera está pendiente.