El número total de farmacéuticos actualmente en Instituciones Penitenciarias (II.PP.), exceptuando Cataluña y País Vasco, es de 35, de ellos solo 14 son especialistas en Farmacia Hospitalaria. Estos 35 farmacéuticos proporcionan asistencia farmacéutica a todos los establecimientos dependientes de la Administración penitenciaria, abarcando 66 Centros Penitenciarios (CP) ordinarios y los dos hospitales psiquiátricos.
Según fuentes penitenciarias a las que ha tenido acceso ConSalud, de los 68 establecimientos, en 21 está legalizado servicio de farmacia (SF) y en 1 se está tramitando la legalización (A Lama). En el resto de centros hay legalizados depósitos de medicamentos (DM) vinculados a otro CP, hospital penitenciario o al hospital de referencia del Sistema Nacional de Salud y otros proyectos de servicios farmacéuticos y depósitos aún sin legalizar. Ya CSIF-Prisiones adelantó a este diario que la propia Administración mantenía a más de 20 centros penitenciarios con farmacias ilegales.
CSIF-Prisiones denuncia que más de 20 centros penitenciarios de toda España mantienen sus farmacias ilegales
"Las primeras contrataciones farmacéuticas en los CP se remontan a 1990. Han pasado más de 28 años. Y hoy se debate cómo dar solución a problemas del siglo pasado. Quienes han dirigido la sanidad penitenciaria en estos años son quienes iniciaron con éxito la reforma de nuestra sanidad, con incorporaciones de personas que se integran miméticamente en el sistema establecido, conocedoras perfectamente de los problemas y de la idiosincrasia de nuestro medio. ¿Porqué no se han resuelto?", se pregunta Paco Amaya, responsable del área de sanidad penitenciaria de laCentral Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Tanto CSIF-Prisiones como las fuentes penitenciarias a las que ha tenido acceso ConSalud califican la situación de las farmacias penitenciarias de "caótica e ilegal". Así, denuncian que la remuneración es mucho más baja en comparación con la de los farmacéuticos de la sanidad pública, el no reconocimiento de la carrera profesional y tampoco de la especialidad.
"No somos considerados como un servicio central dentro del centro penitenciario por lo que, en la gran mayoría de casos, no tenemos personal propio asignado a la farmacia. Los recursos materiales y humanos para desarrollar el trabajo son precarios. Muchos farmacéuticos tienen que atender otros centros de su comunidad, a los que deben desplazarse cada cierto tiempo llegando a tener bajo su responsabilidad a más de 3000 internos, situación totalmente inasumible, además de incurrir en una infracción grave, al dejar desatendido el servicio de farmacia mientras el farmacéutico esta fuera", advierten fuentes cercanas a ConSalud.
"Muchos farmacéuticos tienen que atender otros centros de su comunidad, a los que deben desplazarse cada cierto tiempo llegando a tener bajo su responsabilidad a más de 3000 internos"
Además, son personal laboral “fuera de convenio” por lo que no reciben ningún tipo de complemento, y como han indicado no se les tiene en cuenta en las mesas de negociación de los convenios.
CASO OMISO DE II.PP. Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
"En prisiones nos encontramos con diferentes situaciones: servicios de farmacia legalizados sin la presencia de un farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria contraviniendo la ley, legalizados bajo la responsabilidad de un farmacéutico, DM y SF sin legalizar actuando sin la presencia de un farmacéutico y sin vinculación directa para la adquisición y distribución a un SF autorizado como dicta la ley. En este caso es personal de enfermería o el equipo médico los que realizan funciones de farmacéutico, incurriendo en intrusismo laboral", aseguran fuentes consultadas por la redacción de ConSalud.
De este modo, alertan de la falta de contratación de farmacéuticos especialistas en FH, de convocatorias de oposición dilatadas en el tiempo (hasta la última de 2017 habían pasado 14 años desde la anterior oposición) y con pocas plazas ofertadas en cada convocatoria.
"La Subdirección General de Personal, pese a las normativas legales existentes y la regulación de los servicios de farmacia, no contrata los farmacéuticos necesarios y pretende dar asistencia farmacéutica a varios centros penitenciarios con visitas periódicas semanales, quincenales o mensuales a los mismos. No son conscientes de la obligatoriedad por Ley de disponer de farmacéuticos en los servicios de farmacia", indican estas mismas fuentes.
"Parece que pese a informes que se realizan en relación al elevado gasto en los CPs y el ahorro que puede suponer a la institución contratar farmacéuticos, no se dan por enterados"
"Al depender de un Ministerio que no es el Ministerio de Sanidad, la atención sanitaria queda relegada, siendo la atención farmacéutica especialmente desestructurada y de escasísima importancia para la Institución, como se puede evidenciar. Parece que pese a informes que se realizan en relación al elevado gasto en los CPs y el ahorro que puede suponer a la institución contratar farmacéuticos, no se dan por enterados", recriminan.
En cuanto a las CC.AA., lamentan que los criterios en relación a las exigencias para legalizar los servicios de farmacia sean distintos en cada comunidad autónoma. "En muchas CC.A.A nunca se han implicado, y aun siendo conscientes de las ilegalidades miran hacia otro lado", denuncian estas mismas fuentes penitenciarias.
Sin embargo, parece que la situación que sufre la farmacia penitenciaria española se prolongará en el tiempo hasta que desde el Ministerio de Interior y el Gobierno central decidan acometar una reforma profunda en la sanidad penitenciaria española.