El traspaso de la sanidad penitenciaria se ha convertido en una lucha que no tiene fin. Hace ya quince años que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud expresaba en su disposición adicional sexta que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas” y se daba un plazo de “18 meses” para integrar dichos servicios “conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía”.
Sin embargo, el paso del tiempo no ha sido suficiente para su materialización y tan solo Cataluña y el País Vasco tienen la sanidad penitenciaria traspasada.
No obstante, la Comunidad Foral de Navarra, Baleares y Extremadura han mostrado recientemente su interés por asumir dicha competencia. El propio sindicato de Enfermería, Satse, gran demandante de este traspaso, mostraba hace unos días su “satisfacción” por las gestiones realizadas por las tres comunidades autónomas. A su vez, hacía un llamamiento al resto de Gobiernos autonómicos para que siguieran estos pasos.
La organización sindical recordaba también que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba el pasado mes de diciembre que la "solución definitiva" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en los centros penitenciarios españoles era traspasar la gestión de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, apuntando que se estaba trabajando en impulsar el mencionado traspaso competencial.
Para Aguirre es complicado llevar a cabo el traspaso y asegura que tendría que fijarse en cómo lo están haciendo en otras comunidades autónomas
Sobre este tema ha hablado este fin de semana para Europa Press el nuevo consejero de Salud y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre. Para el titular de Salud el traspaso de la sanidad penitenciaria “es imparable porque no se puede estigmatizar a nadie”. Para el consejero es lógico que los reclusos tengan las mismas prestaciones y en las mismas condiciones. Respecto a llevarlo a cabo en Andalucía, el titular ha sido más precavido. Asegura que es complicado y que tendría que analizar cómo se está haciendo en otras comunidades autónomas.
Estas declaraciones llegaban tras conocerse la semana pasada las dos sentencias de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que recogen que es la administración penitenciaria, y no la sanitaria, la que debe hacer frente a los costes de la prestación sanitaria en los hospitales públicos de las comunidades autónomas a internos en centros penitenciarios que tienen la condición de asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social. La sentencia daba la razón a los servicios de salud madrileño y andaluz que giraron esos costes a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
RADIOGRAFÍA DE LA SANIDAD PENITENCIARIA
La grave situación de la sanidad penitenciaria se materializaba a finales de año con la huelga de funcionarios de prisiones, lo que servía para poner el foco de atención en la situación que atraviesa el sistema sanitario de las prisiones españolas. Sindicatos y organizaciones de derechos humanos como Apdha reconocían las carencias y la precariedad con las que son atendidos los reclusos. Los profesionales sanitarios tienen que hacer frente desde hace más de una década al déficit de profesionales.
En esta línea, desde CC.OO. vienen denunciando un “total abandono”. Según datos de este sindicato, actualmente el 25,1% de las plazas de médicos de los Centros Penitenciarios están sin cubrir, y el 75% de los médicos que trabajan en Instituciones Penitenciarias tienen más de 55 años, “lo que en los próximos años agravará aún más el problema asistencial; a lo que hay que añadir el hecho de que en las oposiciones de médicos no se cubran todas las plazas que se convocan, debido a las diferencias retributivas con respecto al personal del Servicio Nacional de Salud”. Igualmente, “hay un 9% de plazas vacantes de personal funcionario de enfermería, y un 24% de vacantes de auxiliares de enfermería en Instituciones Penitenciarias”, añadían desde la organización sindical.