Desde que se celebraron las recientes elecciones en 13 comunidades autónomas, han sido investidos oficialmente cuatro presidentes regionales (Cantabria, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Extremadura). De ellos, tres han tomado posesión y dos han revelado de forma pública quienes van a formar parte de sus equipos. Y a pesar de estos lentos pasos, existe un frente común: la exigencia de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la prestación de los servicios públicos.
Tanto Ximo Puig como Guillermo Fernández Vara y Francina Armengol, reelegidos presidentes de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares, han insistido en sus discursos de investidura en la necesidad de que esta reforma se realice cuanto antes con el objetivo de que los servicios sanitarios tengan los recursos suficientes y lleguen con la mayor calidad y al mayor número de personas posible.
Montero, ministra de Hacienda, confía por crear "entre todos un clima de diálogo para que ningún ciudadano tenga diferencias significativas a la hora de recibir los servicios públicos esenciales"
Esta reclamación cobra además una especial relevancia al tratarse de una petición realizada por barones del PSOE. Pero también esta reclamación la están ensalzando líderes de otras formaciones políticas, como Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), o el candidato a repetir en la Región de Murcia, Fernando López Miras.
Ya es conocida esta reivindicación de las comunidades autónomas. Cabe señalar que la sanidad es una competencia transferida y representa en muchas regiones más de un tercio de los presupuestos autonómicos por lo que la batalla con el Gobierno central por garantizar una asistencia sanitaria de calidad viene de lejos. Pese a ello, la renovación del sistema de financiación está estancada hasta la conformación de los distintos gobiernos.
MONTERO APUESTA POR LA COORDINACIÓN
Precisamente sobre este asunto se ha pronunciado María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones. Durante la toma de posesión de Revilla en Cantabria, Montero confiaba en crear “entre todos un clima de diálogo, de consenso y de generosidad, en definitiva, para que ningún ciudadano tenga diferencias significativas a la hora de recibir los servicios públicos esenciales, con independencia de su lugar de residencia”.
En este sentido, la titular de Hacienda apostaba por la colaboración y la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para que se lleve a cabo un “reparto equitativo” de los recursos y se revitalice el Estado del Bienestar.