Desde que en 2012 el primer Gobierno de Mariano Rajoy aprobara el Real Decreto 16/2012, no ha habido una posición común de partidos políticos y comunidades autónomas a la hora de regular la universalidad de la asistencia sanitaria. Este hecho ha provocado que no se garantice de una manera clara la sanidad gratuita a las personas extranjeras sin permiso de residencia en España.
En los seis años que han pasado desde la aprobación de dicha normativa, varias comunidades han intentado aprobar leyes regionales con el objetivo de que sí se permita dicha asistencia. No obstante, todos estos intentos han sido anulados por el Tribunal Constitucional(TC) después de tomar en consideración los diferentes recursos presentados por el Gobierno central.
Todos los intentos autonómicos de garantizar la asistencia sanitaria a extranjeros sin permiso de residencia han sido anulados por el TC tras considerar los recursos del Gobierno central
Algunas de las CC.AA. que lo han intentado han sido las gobernadas por ejecutivos nacionalistas. Es el caso del País Vasco, que aprobó en 2012 el Decreto 114/2012, o Navarra, que sacó adelante la Ley Foral /2013. Estas dos normas reconocían el derecho a la asistencia sanitaria a toda persona que resida en dichas comunidades. Sin embargo, el TC las ha anulado, en diciembre y febrero respectivamente.
Otro de los que lo han intentado es el anterior gobierno nacionalista de la Generalitat de Cataluña. Fue el exconsejero de Salud, Toni Comín, quien impulsó en 2017 la Ley de Universalización de la Asistencia Sanitaria, logrando el respaldo de la mayoría del Parlament. No obstante, ésta ha sido recurrida por el Ejecutivo de Rajoy por lo que también podría ser suspendida por el Constitucional.
A su vez, también ha habido algunos autonomías gobernadas por el PSOE que lo han intentado, con el mismo poco éxito que los nacionalistas. Fue en 2015 cuando lo intentó la Generalitat Valenciana y un año después hizo lo propio Extremadura. Sobre ambas, el TC considera que hay preceptos que exceden de la competencia autonómica, siendo suspendidas en diciembre y enero.
POSICIÓN DEL PP
Mientras tanto, el Partido Popular y las comunidades gobernadas por este partido han mantenido, por una parte, un respaldo a la normativa estatal y, por otra, no han intentado poner en marcha leyes autonómicas que la pongan en entredicho. Así, la propia ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha defendido en todo momento la aprobación del RD 16/2012 y no se plantea ni una mera modificación del mismo.