La huelga de funcionariosde prisiones ha abierto la caja de Pandora acerca de cuál es la situación que atraviesa el sistema sanitario de las prisiones españolas. El propio Ministerio de Interior ha reconocido la realidad, la subdirectora general de coordinación de sanidad penitenciaria envió hace unos días una carta a los sindicatos de prisiones comprometiéndose a revertir este estado con diversas mejoras. Sin embargo, cada día que pasa los sanitarios y los presos se enfrentan a un panorama que además roza, presuntamente, la ilegalidad.
Según CSIF-Prisiones, la propia Administración reconoce que más de 20 centros penitenciarios tienen las farmacias ilegales. Los reclusos recibirían prestaciones farmaceúticas dentro del sistema sanitario de prisiones pero de manera irregular.
"Los responsables actuales conocen los problemas existentes. ¿Porqué no se han resuelto?"
"Las primeras contrataciones farmacéuticas en los CP se remontan a 1990. Han pasado más de 28 años. Y hoy se debate cómo dar solución a problemas del siglo pasado. Quienes han dirigido la sanidad penitenciaria en estos años son quienes iniciaron con éxito la reforma de nuestra sanidad, con incorporaciones de personas que se integran miméticamente en el sistema establecido, conocedoras perfectamente de los problemas y de la idiosincrasia de nuestro medio. ¿Porqué no se han resuelto?", se pregunta Paco Amaya, responsable del área de sanidad penitenciaria de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
FALTA DE VOLUNTAD
Para la central sindical faltan voluntad y acierto a la hora de cambiar la situación que atraviesan las farmacias de las prisiones. "Acierto en la elección de las prioridades, voluntad y ganas de trabajar en las verdaderas soluciones", indica Amaya.
El portavoz sindical se pregunta sobre a qué ha dedicado sus mayores esfuerzos la subdirección general de coordinación de sanidad penitenciaria en el ámbito de la farmacia en los últimos años. La precariedad y desorganización es tal que, como apuntan fuentes sindicales, los farmacéuticos de las prisiones no son catalogados como funcionarios, sino como personal laboral fuera de convenio, con las limitaciones laborales que supone
"Interior básicamente se ha dedicado a buscar el modo de no pagar con sus fondos los medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C y a intentar reducir el gasto farmacéutico"
"Interior básicamente se ha dedicado a buscar el modo de no pagar con sus fondos los medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C y a intentar reducir el gasto farmacéutico aún a riesgo de mermar la calidad del servicio que se presta. Como consecuencia se han producido importantes diferencias entre los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros y nuestros dirigentes. CSIF, ha debido salir en defensa de estos colectivos en numerosas ocasiones. Hasta el punto, que hemos debido pedir explicaciones sobre si realmente de lo que se trataba era de dejar morir esta sanidad penitenciaria pública para que fuera sustituida en un proceso de privatización encubierto", denuncia Paco Amaya.
LA RESPUESTA DE INTERIOR
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió hace unos días una carta a los sindicatos de prisiones reconociendo la "difícil situación" del sistema sanitario de las cárceles españolas y comprometiéndose a implementar una serie de mejoras.
En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, la subdirectora general de coordinación de sanidad penitenciaria, Carmen Martínez Aznar agradece la labor de los sanitarios. "Conocemos la situación actual y el esfuerzo que realizáis unos y otros para desarrollar y mantener las tareas y actividades sanitarias y la calidad asistencial que, desde hace tanto tiempo, venís prestando", asegura.
El Ministerio asegura que se encuentra trabajando con las comunidades autónomas con el fin de actualizar y regularizar los Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos de los centros penitenciarios
El Ministerio de Interior asegura que se encuentra trabajando con las comunidades autónomas con el fin de actualizar y regularizar los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de los centros penitenciarios ya que los criterios de las CC.AA. son "variados y no unificados". Además, tal y como recoge el documento afirman ser "conscientes de la necesidad de incrementar el número de farmacéuticos y, en ese sentido, se trabaja con la subdirección general de Recursos Humanos.".
Finalmente, Martínez Aznar hace incapié en que están negociando con diferentes instituciones "la puesta en marcha de la Directiva 2001/838CE del Parlamento Europeo y para la verificación de los códigos de autentificación de los medicamentos (Dispositivos SEVeM)".
LAS DEMANDAS DE LOS PROFESIONALES
Desde CSIF exigen con claridad cambiar su modelo de actuación hacia los funcionarios de prisiones. "Es imprescindible que se resuelva, de forma inmediata el marco legal y jurídico de los servicios de farmacia penitenciaria", señala la organización sindical. Asimismo, solicitan la contratación "urgente" de personal farmacéutico e iniciar el proceso de funcionarización de los farmacéuticos de Instituciones Penitenciarias, entre otras medidas.
Asimismo, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) también reclama que se proceda a la legalización. En la ‘I Jornada Nacional de Farmacia Penitenciaria' organizada por la sociedad científica, Xosé Manuel Rey, asesor jurídico de la SEFH indicó que "parece poco comprensible que en pleno 2018 un órgano de la Administración General del Estado mantenga fuera de la legalidad centros en los que se adquieren, dispensan y administran medicamentos a pacientes con total ausencia de control farmacéutico. A día de hoy, el Ministerio del Interior, así como algunos almacenes de distribución y laboratorios siguen infringiendo la Ley de Garantías y el Real Decreto de Distribución de medicamentos en el ámbito penitenciario".