La lucha del Gobierno de Sánchez contra las pseudoterapias intensifica sus acciones

El Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias es el gran proyecto del Ejecutivo en este campo. Liderado por María Luisa Carcedo y Pedro Duque, este proyecto tiene por objetivo "la defensa de la salud como derecho básico".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

Desde que se produjo el cambio de Gobierno, a principios del mes de junio, han sido varios los mensajes de responsables del Ejecutivo de Pedro Sánchez que han prometido la puesta en marcha de medidas para combatir las pseudoterapias y controlar la venta de productos como los homeopáticos.

Una de las primeras manifestaciones la expuso la titular del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, durante su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Ante los grupos de la oposición, Carcedo anunció que su departamento estaba trabajando "estrechamente" con el Ministerio de Ciencia, que dirige Pedro Duque, en una iniciativa de "combate de las pseudociencias" a través del Instituto de Salud Carlos III.

El Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias tendrá cuatro líneas de actuación, 13 objetivos y 20 acciones

Apenas un mes después, ambos representantes presentaban las líneas generales del futuro Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias. Este trabajo, conjunto entre ambos departamentos, traerá la modificación de varias normas, la creación de un Real Decreto propio y la aprobación de varias medidas que afectarán al ámbito informativo, profesional o universitario.

Así, entre los objetivos del plan, que tendrá cuatro líneas de actuación, 13 objetivos y 20 acciones, se incluye "la defensa de la salud como derecho básico, la protección a la ciudadanía frente al grave riesgo para la salud que implica el uso de las pseudoterapias, proporcionar información veraz y rigurosa y asegurar que la formación sanitaria en universidades no incluye programas y contenidos sin evidencia científica".

INFORMACIÓN, PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INTRUSISMO

Entre las primeras acciones que se desarrollarán, destaca la elaboración de un nuevo informe de evaluación de las pseudoterapias, que tendrá su correspondiente "actualización periódica según avance el conocimiento", cuyas conclusiones se trasladarán a la ciudadanía a través de un plan de comunicación "para que sea entendible". Según ha precisado la ministra de Sanidad, la información partirá de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (Redets).

Otra línea de acción se dirigirá a "evitar la publicidad engañosa", tanto en centros públicos como privados, para evitar que se promocionen comercialmente prácticas que no estén amparadas por la ciencia. Así, se actuará en ámbitos como Internet, redes sociales, actos o jornadas, lo cual supondrá la "obligación" de modificar la normativa existente.

Las diferentes modificaciones normativas que se lleven a cabo durante el desarrollo del plan se agruparán en un Real Decreto de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias

En concreto, María Luisa Carcedo anunció que se introducirán cambios en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria; así como el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano. Por otra parte, estas modificaciones se agruparán en un nuevo Real Decreto de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias.

El plan, que fue presentado por Carcedo a las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial, incluye también medidas contra el intrusismo para "liminar las pseudoterapias de los centros sanitarios". Así, mediante la modificación del RD 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, se tratará de de garantizar que la actividad que se practique en los centros "se base en la evidencia científica" y que los profesionales sanitarios que en ellos trabajen "tengan una titulación oficialmente reconocida".

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